Opinión

¿2026 año de la educación en San Luis?

Escribe: José Mario Costamagna

Que cualquier persona pueda expresarse libremente es un derecho constitucional. Si es el propio Gobernador de la Provincia quien ejerce su derecho a expresarse, resulta aceptable; aunque, por la salud institucional de la provincia, debería al menos hacerlo con fundamentos. Y si promete algo en un tema tan sensible para todos los que habitamos la provincia, como es la educación, debería, como mínimo, hacer todo lo posible para que no sea una frase vacía.

Lamentablemente, el inicio del ciclo lectivo, con la presentación de los docentes, demuestra que es más de lo mismo: nada de nada. A modo de ejemplo, voy a mencionar dos hechos concretos que me constan porque suceden en los dos establecimientos educativos en los que trabajo.

En la Escuela N.° 288 “Antonio Esteban Agüero” de Piedra Blanca Abajo, Merlo, que tiene desde nivel inicial hasta secundario completo, el único cargo jerárquico cubierto es la dirección. No hay regente de nivel primario ni secundario, ni vicedirección. Desde el año pasado se está tramitando la cobertura del cargo de secretaria, demorada por la ineficiencia y lentitud del Ministerio de Educación. Conclusión: una sola persona al frente de todo el establecimiento educativo, que, además de su función específica, debe encargarse de toda la parte administrativa y perder tiempo reclamando que el Ministerio agilice la cobertura de los cargos solicitados oportunamente.

En el Centro Educativo N.° 14 “Dora Ochoa de Masramón”, de la localidad de Villa Larca, hay directora general y regente de nivel primario, pero no está cubierta la regencia de nivel secundario. El trámite para la designación de secretaria sigue su curso con enorme burocracia y lentitud: pasa de oficina en oficina, es devuelto con cualquier excusa y obliga a los directivos a estar llamando por teléfono para que el expediente se active. De más está aclarar que, una vez cubiertos esos cargos jerárquicos en los dos establecimientos, los docentes que accedan a ellos deberán pedir licencia o renunciar a sus cargos u horas, por lo que quedarán vacantes otros puestos que, seguramente por la ineficiencia gubernamental, demorarán en ser cubiertos, dejando a los alumnos sin clases en dichas áreas.

Ojalá esto sucediera solo en estos dos establecimientos educativos, pero no es así: es la realidad de una gran parte de las escuelas de la provincia y una muestra más de que el Gobernador o no se preocupa realmente por cumplir esa promesa del “año de la educación”, o ignora la situación en el área educativa. Ambas cosas son sumamente graves. Ojalá sea la segunda opción, porque ello puede solucionarse con personal eficiente y con ganas de hacer las cosas. Pero si se trata de la primera opción y las demoras son intencionales para pagar menos sueldos, seguiremos igual que años anteriores: sin un rumbo firme y con directivos y docentes que tienen que hacerse cargo de las falencias del Gobierno, que se desentiende de la educación.

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