Sofía tiene 18 años, padece una grave discapacidad y Dosep le niega una silla de ruedas motorizada
A pesar de una medida cautelar vigente desde diciembre y de años de reclamos formales, Sofía Macarena Fernández, de 18 años, sigue sin recibir la silla de ruedas motorizada que necesita para desplazarse y sostener su calidad de vida. La joven padece displasia diastrófica, una enfermedad que compromete gravemente su movilidad, pero su obra social, Dosep, ignora sus derechos, sus prescripciones médicas y hasta la orden judicial.
Años de espera y una indiferencia que duele
Desde los 4 años, Sofía cuenta con certificado de discapacidad. Su diagnóstico es complejo, y su desarrollo intelectual no presenta limitaciones, pero su movilidad está severamente afectada. Según explicó su abogada, Susana Placidi, la silla de ruedas motorizada que requiere está prescripta por profesionales y fue solicitada de manera formal por los canales correspondientes. Sin embargo, Dosep no ha dado respuesta desde hace más de seis meses, cuando la Justicia ordenó cubrir la prestación.
“Esto no es un lujo ni un capricho. Es un derecho. Es una herramienta para que Sofía pueda vivir dignamente”, señaló la letrada.
La justicia, ignorada por la burocracia
Placidi fue contundente al denunciar el accionar de la obra social estatal: “No cumplen las órdenes judiciales. Literalmente, las guardan en un cajón”. Según indicó, el expediente cuenta con todas las pruebas necesarias, desde certificados médicos hasta la resolución judicial que obliga a Dosep a entregar el equipamiento.
“Estamos hablando de funcionarios del Gobierno. Ignorar una orden judicial es un delito. ¿Qué más necesitan para cumplir?”, cuestionó la abogada.
Una silla rota y una vida en pausa
La silla que actualmente utiliza Sofía está en mal estado y no cumple con los requerimientos médicos: no sostiene el cuello ni le permite moverse con autonomía. Su madre, afiliada a Dosep y con los aportes al día, ha intentado en reiteradas ocasiones obtener una respuesta, sin éxito.
“No estamos pidiendo nada extraordinario. Solo que cumplan con lo que corresponde”, enfatizó Placidi.
Un patrón de abandono
El caso de Sofía no es aislado. Placidi recordó el caso de Luisana Suárez, una joven con una afección oncológica a la que Dosep le negó la medicación esencial para sobrevivir. Tras múltiples amparos y notificaciones policiales, finalmente se logró que recibiera el tratamiento. Sin embargo, la obra social le cobró a la familia el alojamiento en Córdoba, donde su madre la acompañó durante la internación.
“Es una vergüenza. Hay niños y adultos esperando respuestas, mientras se violan sistemáticamente derechos básicos”, denunció.
¿Hasta cuándo?
El drama de Sofía expone una situación estructural: un sistema que debería garantizar derechos básicos, pero que responde con indiferencia, trabas burocráticas y desidia. Por ahora, su vida sigue en pausa, a la espera de que alguien en Dosep cumpla la ley, tenga empatía y actúe con humanidad.
