Telefónica tendrá que restituir más de $12.600 millones a sus usuarios por cobros incorrectos en las facturas
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata ha homologado un acuerdo entre la asociación de consumidores CODEC y Telefónica Móviles Argentina S.A., poniendo fin a un litigio colectivo que comenzó en 2014 relacionado con el cobro indebido del concepto «SVA-TB» en los servicios de telefonía básica.
La resolución del juez Alejo Ramos Padilla establece un reintegro total de $12.640.901.252,40 en concepto de capital, intereses y sanciones, una cifra que beneficiará a millones de usuarios a nivel nacional, incluidos aquellos en Villa Mercedes, donde se ha registrado el cobro de este ítem cuestionado.
La demanda initiated por CODEC cuestionaba la legalidad del cobro de servicios de valor agregado, incluidos en la facturación sin consentimiento expreso del usuario. El cargo SVA-TB no correspondía a servicios reales, sino que representaba un «derecho a acceder a servicios de valor agregado», cobrado independientemente de su adquisición por parte del usuario.
En 2023, la misma instancia judicial declaró la nulidad del cargo y ordenó su devolución, una decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. En esta fase, las partes decidieron suscribir un acuerdo transaccional considerado por el tribunal como un método adecuado para resolver el litigio colectivo.
Este acuerdo beneficia a todos los clientes y exclientes que hayan abonado el cargo SVA-TB desde junio de 2014, excluyendo a aquellos que hayan iniciado reclamos individuales o que hayan optado por la exclusión voluntaria.
La devolución se ejecutará de dos maneras:
- Clientes actuales: recibirán el reintegro mediante acreditaciones en sus facturas dentro de los 60 días posteriores a la homologación.
- Exclientes: percibirán el monto a través de transferencias bancarias, billeteras digitales o en sucursales de Pago Fácil.
El monto se distribuirá teniendo en cuenta los meses en los que cada usuario abonó el cargo, incluyendo el cálculo de intereses a la tasa activa del Banco Nación, más un adicional del 50%, y una multa del 25% por daño punitivo.
El monto final de $12.640 millones surge de un cálculo que abarca capital histórico, intereses y sanciones, aplicando una reducción del 38,93% en función del uso efectivo de los servicios por parte de algunos usuarios, afectando así el monto de la distribución.
El acuerdo contempla un amplio esquema de publicidad, mediante publicaciones en el Boletín Oficial, sitios web y comunicaciones directas a los usuarios. Estos tendrán un plazo de 30 días para ejercer su derecho a excluirse.
El tribunal supervisará el cumplimiento del acuerdo, teniendo la potestad de imponer penalidades en caso de incumplimiento. Con la homologación, el acuerdo produce efectos definitivos sobre la acción colectiva.
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