“Crecen los amparos por salud ante los fuertes aumentos en el costo de los medicamentos”
La abogada previsionalista María Silvia Rapisarda advirtió que cada vez más personas recurren a la Justicia por la suba de precios de los medicamentos y las prestaciones sanitarias. Según su análisis, el encarecimiento está generando un salto en los reclamos judiciales para garantizar el derecho a la salud.
Rapisarda señaló que el retiro del Estado en la regulación de precios farmacéuticos podría estar detrás de este fenómeno, ya que las alzas impactan especialmente a quienes dependen de obras sociales, prepagas o sistemas públicos de salud.
En este contexto, la Superintendencia de Servicios de Salud decidió dividir el Registro Nacional de Amparos en Salud en dos registros separados —uno para obras sociales y otro para prepagas— con el fin de tener una base de datos más precisa ante el “notorio incremento de la litigiosidad sanitaria”. (DataClave)
El crecimiento de estos recursos judiciales no es nuevo. En 2024, se registró un aumento dramático de amparos en materia sanitaria, lo que llevó al Gobierno a oficializar un nuevo mecanismo: el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Salud (PROMESA). Este sistema busca agilizar los reclamos y disminuir la judicialización. (infobae)
Los costos elevados de fármacos, sobre todo los de “alto precio”, representan una de las principales causas de estos reclamos. Según datos oficiales, muchas de las demandas se relacionan con tratamientos para enfermedades poco frecuentes o de alta complejidad. (Argentina)
Por su parte, la Unión Argentina de Salud (UAS) alertó que el alza de los medicamentos supera a la inflación y que esto pone una presión extra sobre el sistema de salud: las prepagas y obras sociales enfrentan crecientes demandas judiciales para cubrir tratamientos costosos. (UAS – UNIÓN ARGENTINA DE SALUD)
Desde un punto de vista social, estos amparos reflejan una realidad preocupante: muchas personas no pueden afrontar los tratamientos esenciales sin recurrir a la Justicia. Esto abre el debate sobre la necesidad de una mejor regulación de precios farmacéuticos y de políticas que garanticen el acceso efectivo a los medicamentos.
