El debate sobre la baja de la edad de punibilidad volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública argentina, impulsado por el gobierno nacional y amplificado por discursos que asocian inseguridad, juventud y delito. La propuesta, presentada como una respuesta firme frente a hechos violentos que conmueven a la opinión pública, promete orden, control y protección social. Sin embargo, detrás de esa aparente solución rápida, se esconde una pregunta más incómoda: ¿qué dice esta política sobre el modo en que el Estado llega —o no llega— a la vida de los niños y adolescentes más vulnerables?
Desde una mirada crítica, el juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, se convirtió en una de las voces más consistentes y documentadas contra el avance de este enfoque punitivista. Su posición no surge de una abstracción teórica ni de un posicionamiento ideológico externo al sistema, sino de más de veinte años de experiencia cotidiana en el fuero penal juvenil, allí donde el Estado suele aparecer por primera vez en la vida de muchos jóvenes, casi siempre de la peor manera: a través del castigo.
Criminalizar la infancia pobre
En un artículo publicado en El Ancasti, Morabito aborda la baja de la edad de punibilidad a partir de los aportes de Michel Foucault y Nils Christie, dos autores centrales para comprender el funcionamiento real del sistema penal. Desde Foucault, advierte que el poder punitivo no opera solo como sanción, sino como un entramado de dispositivos —escuela, justicia, medios, fuerzas de seguridad— que producen categorías sociales. En ese esquema, la figura del “adolescente peligroso” no es natural ni inevitable, sino el resultado de discursos que legitiman la vigilancia y el castigo sobre determinadas infancias: las pobres, las excluidas, las previamente abandonadas.
Nils Christie, por su parte, aporta una crítica demoledora al mostrar cómo el castigo se ha transformado en una industria. Una industria que necesita enemigos internos para justificar su expansión, y que encuentra en los jóvenes pobres un blanco funcional. En este marco, bajar la edad de punibilidad no apunta a reducir el delito, sino a ampliar el mercado del control penal, desplazando respuestas sociales, educativas y comunitarias por soluciones represivas de corto plazo.
Datos que no entran en los slogans
Las afirmaciones de Morabito se apoyan también en datos que rara vez ocupan el centro del debate mediático. Según cifras de UNICEF, siete de cada diez niños y adolescentes en la Argentina son pobres y tres de cada diez viven en la pobreza extrema. Más de un millón y medio se acuesta sin haber comido lo suficiente. La deserción escolar y el consumo problemático de drogas atraviesan de lleno a la adolescencia vulnerable.
Aun así, el delito juvenil representa apenas entre el 3 y el 4 % del total de los delitos en el país, y los hechos más graves constituyen un porcentaje aún menor. La inmensa mayoría de los adolescentes que ingresan al sistema penal son varones jóvenes, pobres, con trayectorias marcadas por la violencia familiar, la exclusión educativa y la ausencia estatal. No son “enemigos”, como insiste Morabito, sino historias de abandono acumulado.
Castigar no es reparar
En declaraciones recientes, el juez fue contundente: “El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”. La cárcel no devuelve la infancia perdida ni corrige, por sí sola, una vida atravesada por carencias estructurales. Por el contrario, profundiza estigmas y consolida trayectorias de exclusión.
Uno de los datos más reveladores que aporta Morabito es presupuestario y político a la vez: con el costo que implica mantener a un solo adolescente privado de la libertad, podrían financiarse políticas de acompañamiento para al menos catorce chicos en contextos barriales de alto riesgo. Sin embargo, la prevención no genera impacto electoral inmediato. El encierro, en cambio, produce una ilusión rápida de orden.
Derechos humanos y obligaciones internacionales
Desde el plano jurídico, la propuesta oficial choca frontalmente con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina. La Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional, establece que toda respuesta estatal ante un niño en conflicto con la ley penal debe priorizar su reintegración social y el interés superior del niño, con la privación de libertad como último recurso y por el menor tiempo posible.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha recomendado de manera reiterada no reducir la edad mínima de responsabilidad penal y, en cambio, avanzar hacia estándares más altos de protección. UNICEF y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coinciden en advertir que las políticas punitivistas dirigidas a adolescentes criminalizan la pobreza y reproducen desigualdades estructurales.
La carta que incomodó al poder
En este contexto, la carta abierta que Rodrigo Morabito dirigió al presidente Javier Milei terminó de condensar una posición que combina experiencia judicial, sensibilidad humana y respaldo normativo. Lejos del tono declamativo, el texto interpela desde un lugar incómodo: el de quien mira todos los días a los ojos a adolescentes “rotos”, que llegan a los tribunales después de que el Estado falló en casi todas sus obligaciones previas.
La repercusión fue inmediata. Miles de adhesiones en redes sociales, pedidos de difusión íntegra de la carta y un debate que trascendió los márgenes del ámbito judicial. La misiva no niega el dolor de las víctimas ni relativiza los delitos. Plantea algo más complejo y, justamente por eso, más difícil de digerir: que castigar más temprano no equivale a proteger mejor a la sociedad.
A continuación, la carta completa y textual, tal como fue publicada:
Carta abierta al señor presidente de la Nación Argentina
Economista Javier Milei
Me dirijo a usted desde el ejercicio concreto de una función que rara vez ocupa el centro del debate público, pero que carga con una de las responsabilidades más complejas del Estado: administrar justicia en el fuero penal juvenil.
Todos los días veo rostros que no aparecen en las estadísticas ni en los discursos. Rostros de adolescentes cansados, rotos, sin esperanza.
Chicos y chicas que llegan tarde a la justicia después de haber sido violentados en sus hogares, expulsados de la escuela, abandonados en las calles, consumidos por las drogas y muchas veces utilizados por adultos inescrupulosos para delinquir.
No le escribo para justificar delitos. Tampoco le escribo para negar el dolor inmenso de las víctimas ni el sufrimiento irreparable de sus familias. Ese dolor merece respeto, escucha y respuestas serias del Estado. Pero sí le escribo para decirle algo que veo todos los días.
Cuando el Estado llega por primera vez en la vida de estos adolescentes, casi siempre lo hace a través del castigo. Y llega tarde.
En los tribunales no vemos enemigos. Vemos historias de abandono acumulado. Vemos una cadena de violencia que comenzó mucho antes del delito delictivo, y vemos con enorme preocupación cómo, frente a este fracaso previo, la única respuesta que se propone es más pena, más encierro, más dolor.
Señor presidente, el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo. La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió. El castigo no sustituye a la presencia estatal que faltó cuando aún había margen para prevenir.
Trabajar en este fuero implica tomar decisiones difíciles, humanas, incómodas. Implica escuchar a víctimas, pero también mirar a los ojos a adolescentes que nunca tuvieron una oportunidad real. Implica entender que proteger a la sociedad no es solo sancionar, sino evitar que el daño ocurra.
Bajar la edad de imputabilidad puede dar una sensación inmediata de respuesta, pero no construye futuro. No reduce la violencia, no honra a las víctimas. Solo amplía un sistema penal que llega siempre tarde y que ya ha demostrado su ineficacia.
Cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes no es ingenuidad, es responsabilidad institucional.
Es la única política seria de seguridad a largo plazo de una nación democrática. Es intervenir antes, acompañar antes, sostener antes, estar presentes cuando todavía hay algo para salvar.
Le escribo con la convicción de quien ve las consecuencias todos los días. Le escribo no desde la comodidad de un despacho, sino desde la experiencia concreta de administrar justicia en contextos de dolor.
La respuesta no está en castigar más temprano. La respuesta está en no abandonar tan temprano.
Ojalá esta carta sirva para reflexionar, porque cada adolescente que llega a un tribunal es, antes que nada, una pregunta que el Estado no supo responder a tiempo.
Atentamente,
Rodrigo Morabito
Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca
