En Villa Mercedes, la medida genera inquietud especialmente entre familias que dependen del transporte de larga distancia para tratamientos médicos en ciudades como San Luis, Córdoba o Buenos Aires.

La decisión del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas a las empresas de transporte por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer abrió una fuerte preocupación en todo el país. Aunque oficialmente el derecho al boleto gratuito continúa vigente, ahora serán las empresas las que absorberán el costo del beneficio, en un contexto de fuerte ajuste y desregulación del sistema de transporte.

Muchas personas viajan regularmente por consultas, estudios o rehabilitación y temen que comiencen las trabas, la reducción de cupos o directamente la negativa de algunas compañías a otorgar pasajes. La experiencia reciente ya mostró conflictos similares en distintas provincias, donde empresas dejaron de entregar boletos gratuitos argumentando falta de cobertura estatal.

El problema también expone una desigualdad federal cada vez más marcada. Mientras el AMBA mantiene mayores niveles de subsidios, en el interior el costo del transporte aumentó de forma mucho más agresiva desde la eliminación del Fondo Compensador. Para muchas familias mercedinas, viajar ya representa un gasto difícil de afrontar, y cualquier restricción adicional puede transformarse en una barrera concreta para acceder a derechos básicos como la salud, la educación o la integración social.

En los papeles, la gratuidad sigue siendo obligatoria y la CNRT asegura que controlará el cumplimiento de las empresas. Sin embargo, en la práctica, la incertidumbre ya comenzó a instalarse entre los usuarios. El temor es simple: cuando el Estado se retira del financiamiento, el ajuste suele terminar viajando sentado al lado del pasajero más vulnerable.