Justicia en transición: nuevos desafíos y reclamos internos en San Luis
La Justicia de San Luis atraviesa dos procesos simultáneos que plantean desafíos diferentes, pero que tienen un mismo punto en común: la necesidad de adaptar estructuras, recursos y reglas de funcionamiento a nuevas demandas. Por un lado, la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil obliga a la provincia a reforzar infraestructura y equipos especializados. Por otro, el Sindicato Judiciales Puntanos (SIJUPU) cuestiona aspectos del nuevo régimen laboral implementado por el Superior Tribunal de Justicia.
Desde el ámbito judicial advirtieron que la nueva Ley Penal Juvenil, vigente desde el 5 de septiembre, baja de 16 a 14 años la edad de punibilidad y elimina el límite relacionado con la gravedad del delito. Sin embargo, el régimen no implica automáticamente prisión: contempla medidas alternativas, como trabajos comunitarios, prohibiciones de acercamiento y capacitación laboral, mientras que las penas tienen un máximo de 15 años. La jueza Penal Juvenil Daniela Benenatti remarcó que la provincia deberá contar con infraestructura específica, operadores especializados y equipos interdisciplinarios, especialmente ante la prohibición de alojar adolescentes junto con adultos.
El desafío, entonces, no es solamente judicial. La implementación requiere una respuesta del Estado provincial que incluya dispositivos de alojamiento adecuados, supervisores especializados y recursos humanos capaces de acompañar a los adolescentes durante el proceso. La propia magistrada planteó que el objetivo del nuevo sistema no debería reducirse a judicializar o encerrar, sino avanzar hacia la prevención, la educación y la reinserción social.
En paralelo, el SIJUPU presentó un recurso contra distintos puntos del Acuerdo 170 del Superior Tribunal, que modificó el régimen de vacaciones, licencias, asistencia y registro horario. El sindicato reclama, entre otras cuestiones, cambios en el cómputo de las vacaciones durante las ferias judiciales, mantener la posibilidad de fraccionarlas, incorporar hasta cuatro días anuales por situaciones de fuerza mayor y revisar los mecanismos de tolerancia y comunicación de inasistencias. El nuevo sistema de registro comenzó a regir el 1° de septiembre, con sistemas biométricos para empleados y una aplicación para magistrados y funcionarios.
Así, mientras hacia afuera la Justicia provincial debe prepararse para un nuevo escenario penal juvenil, hacia adentro enfrenta una discusión sobre las condiciones de trabajo y organización de su propio personal. Dos reformas diferentes, pero una misma pregunta de fondo: ¿está San Luis preparada, en recursos, infraestructura y organización, para que los nuevos sistemas funcionen efectivamente y no queden solamente escritos en una norma?
