Reforma constitucional en San Luis: el oficialismo consiguió los votos y ahora empieza la batalla política
Con 30 votos a favor y 13 en contra, la Cámara de Diputados convirtió en ley la declaración de necesidad de reforma parcial de la Constitución provincial. El poggismo logró superar los dos tercios requeridos y abrió un proceso que tendrá su próximo capítulo en las elecciones de 2027, cuando los sanluiseños deberán elegir a los 52 convencionales constituyentes.
La Legislatura de San Luis dio este miércoles el paso que habilita formalmente la reforma parcial de la Constitución provincial. El proyecto impulsado por el gobernador Claudio Poggi consiguió 30 votos, uno más de los 29 necesarios, y fue aprobado con el respaldo del oficialismo y sus aliados, mientras que el bloque Justicialista rechazó la iniciativa. La particularidad política de la jornada fue el acompañamiento de la diputada Florencia Palacios, cuyo voto terminó siendo determinante para ampliar el margen de aprobación.
El oficialismo presentó la reforma como una oportunidad para fortalecer las instituciones, limitar la permanencia de los gobernantes en el poder y actualizar una Constitución sancionada en 1987. Entre los cambios habilitados aparecen la limitación de los mandatos del gobernador a dos períodos, el eventual balotaje, la eliminación de las elecciones legislativas de medio término, modificaciones en el funcionamiento de la Justicia y del Ministerio Público, nuevos derechos digitales, la protección constitucional del agua y cambios vinculados con la educación y los organismos de control.
Pero el debate legislativo dejó expuesta otra discusión: quiénes ganan y quiénes pierden con las reglas de transición. Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es que los legisladores elegidos en 2025 podrían extender sus mandatos hasta 2031 si la Convención elimina las elecciones de medio término. También quedó bajo discusión la cláusula que considera el mandato 2023-2027 de Poggi como su primer período a los efectos del nuevo régimen. Para el oficialismo, esto significa poner un límite definitivo a una eventual tercera reelección; para la oposición, constituye una modificación con consecuencias políticas inmediatas y cuestiona el modo en que fue construido el consenso necesario para llegar a los dos tercios.
Ahora comienza una etapa todavía más importante que la votación de Diputados. La Constitución no fue reformada: se habilitó la posibilidad de reformarla. La próxima elección provincial será también la elección de los 52 convencionales constituyentes, distribuidos entre los nueve departamentos de San Luis. La Convención deberá comenzar a funcionar dentro de los 30 días posteriores a la proclamación de sus integrantes y tendrá inicialmente 60 días para completar su tarea, con posibilidad de una prórroga de 30 días.
En otras palabras, la discusión constitucional ya dejó de ser exclusivamente jurídica. Se convirtió en una disputa electoral. Cada espacio político deberá definir qué modelo de provincia quiere defender y, sobre todo, qué representación pretende conseguir en la Convención de 2027. Para el oficialismo será una oportunidad para consolidar el nuevo esquema institucional que impulsa Poggi; para el peronismo y el resto de la oposición, el desafío será transformar las críticas formuladas durante el debate legislativo en una propuesta política capaz de disputar la futura Constitución.
San Luis entra así en un escenario inédito: durante 2027 no solamente estarán en juego cargos ejecutivos y legislativos. También se discutirá el marco institucional que regirá buena parte de la vida política provincial durante las próximas décadas. Y esa pelea, probablemente, ya empezó.
