«El Fiscal Olguín confirma la acreditación de 11 hechos en el caso de Anabela Lucero»
El fiscal de Instrucción N° 3 de la Tercera Circunscripción, José Olguín, ha confirmado que la Fiscalía ha reunido pruebas para sustentar 11 hechos ilícitos atribuidos a Anabela Lucero durante su administración en el Complejo Molino Fénix. La pesquisa abarca también a otros cuatro imputados por su supuesta implicación en algunas de estas operaciones ilegales.
Anabela Lucero, junto a su hermano Enzo Lucero y su cuñado Exequiel Scarel, fue trasladada al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir con una prisión preventiva de 60 días. Los cargos que enfrentan incluyen administración fraudulenta y ocultamiento y destrucción de evidencia.
La investigación también involucra a Diego Torres, quien permanecerá en libertad, y al diputado provincial por el departamento Pedernera, Joaquín Beltrán, para quien la Justicia ha solicitado su desafuero a la Cámara baja de San Luis.
Los cinco imputados enfrentan también cargos por asociación ilícita, con Lucero y Beltrán considerados como presuntos líderes de la red delictiva, mientras que el resto son considerados participantes necesarios.
“Hemos acreditado 11 hechos”, afirmó Olguín en declaraciones a la prensa.
El fiscal explicó que la investigación reveló que Lucero habría adquirido dos automóviles nuevos y un vehículo usado con fondos presuntamente extraídos de las cuentas del Molino Fénix. “Se emitían cheques, se endosaban, los cobraba un tercero y luego se pagaban en efectivo a París Autos”, detalló Olguín.
La trama involucró un total de 114 cheques, generando un daño económico que, en su momento, superó los 12 millones de pesos, cifra que el fiscal actualizó a más de 900 millones de pesos en valores actuales.
Olguín también subrayó la disparidad entre los ingresos declarados y las compras realizadas por los acusados. “Ellos tenían ingresos anuales de 5.700.000 pesos y, sin otros recursos, adquirieron vehículos por un total de 12 millones”, agregó.
La Fiscalía investiga además la contratación de empresas consideradas irregulares para realizar trabajos en el complejo, las cuales también habrían prestado servicios en las residencias privadas de los imputados, siendo pagadas en efectivo.
Entre los 11 hechos atribuibles a Lucero, Beltrán y otros acusados se incluyen casos de peculado, uso indebido de bienes públicos, impresión de material electoral y administración fraudulenta.
Uno de los incidentes bajo investigación es un supuesto robo de mobiliario del compleja. “Se sustrajeron muebles, como se evidencia en videos. El 9 de diciembre de 2023, procedieron a vaciar el Molino Fénix”, declaró Olguín.
Asimismo, se alega que el hotel del Complejo fue utilizado como residencia privada, con la implicación de que los usuarios recibían atención del personal del Molino. “Se aprovechaban de los servicios de lavandería y cocina”, afirmó el fiscal.
Mientras tanto, artistas que arribaban a Villa Mercedes para grabar en la Casa de la Música debían ser hospedados en hoteles del centro debido a la ocupación de las habitaciones del complejo.
La Fiscalía investiga también la utilización de recursos del Complejo para imprimir material electoral durante la campaña de 2023, en la cual Lucero se postuló como intendenta. Olguín enfatizó que se han encontrado pruebas que podrían confirmar la impresión de remeras, gorras y carteles con la leyenda “Anabela Intendenta”.
Dentro de las irregularidades investigadas, el fiscal mencionó una presunta administración fraudulenta por un total de 250 millones de pesos. “Hoy, eso equivale a más de 900 millones de pesos”, añadió.
Respecto a las acusaciones de Lucero y Beltrán, quienes alegan ser víctimas de “persecución política” por ser dirigentes de su partido, Olguín desestimó esta narrativa, afirmando que la causa se sostiene en pruebas sólidas que han resistido múltiples apelaciones. “Los imputados no negaron los hechos investigados”, precisó.
Olguín afirmó que la prisión preventiva de 60 días permitirá al Ministerio Público Fiscal culminar la investigación y proceder a elevar el caso a juicio. “Nuestro objetivo es llevar este proceso judicial a su conclusión, donde se demuestre la participación delictiva”, concluyó.
El fiscal también criticó el manejo de los recursos del Complejo Molino Fénix durante la gestión de los implicados. “Se confiaron en una institución valiosa para la provincia, destinada a revitalizarse, y la utilizaron en beneficio propio y con fines políticos”, sentenció Olguín.
Fuente original: Clic aquí
