Una cabina vacía también es una decisión de seguridad

Escribe: Pablo Muract

El gobierno de la provincia de San Luis anunció en 2023 la adquisición de los primeros 300 Nodos de Articulación Policial.

En octubre de 2026 es posible advertir que algunas (muchas) cabinas continúan instaladas, pero sin personal. Ante la siempre presente sensación de inseguridad, los hechos delictivos que se suceden sin pausa y la aparente desidia y desorientación de la actual administración provincial (en este y en otros tantos temas, en rigor de verdad), nos gustaría buscar respuesta a una pregunta básica: ¿qué pasó con el programa y qué lo reemplazó?

En mayo de 2023, el Gobierno de San Luis informó que había adquirido los primeros 300 Nodos de Articulación Policial para distribuir en la Provincia. Los describió como puestos barriales con presencia permanente de un efectivo, comunicación con la comunidad y una función de observación. También explicó que la ubicación se decidiría junto con los municipios, según los puntos conflictivos y las necesidades de los vecinos. El anuncio oficial incluyó a Villa Mercedes en la coordinación.

Hoy es posible comprobar que algunas de esas estructuras siguen en pie, pero sin personal. Esa observación merece una respuesta pública. No sabemos todavía cuántas unidades se instalaron, cuántas permanecen en cada ciudad ni cuántas funcionan. La cifra de 300 corresponde a lo anunciado para la primera tanda provincial; no es un inventario actual ni prueba de que todas hayan sido instaladas.

Pero aun sin ese inventario, la pregunta es inevitable: ¿qué significa para un barrio encontrarse con una cabina que prometía presencia policial y ahora parece abandonada? No es solo una cuestión de imagen. Si hubo una inversión pública, dejarla sin uso puede implicar deterioro de equipos, pérdida de mantenimiento y desperdicio de lo ya invertido. Y si los vecinos entendieron que allí habría alguien a quien acudir, la ausencia también afecta la confianza.

¿De cuánto dinero hablamos?

No encontramos el expediente de compra, el monto pagado ni las actas que indiquen cuántas unidades se recibieron. Como referencia —y no como dato oficial—, una estimación muy preliminar de fabricar hoy una unidad comparable, con estructura metálica, vidrios blindados, aire acondicionado, iluminación, sirena y comunicaciones, la ubica en US$15.000 a US$35.000 por cabina. Es un cálculo propio, de baja confianza: no conocemos el nivel de blindaje ni las especificaciones completas, y no encontramos una cotización verificable. La base, las conexiones y la instalación podrían sumarse aparte.

Si, solo como ejercicio, se aplicara ese rango a las 300 unidades anunciadas, el valor de reposición resultaría de US$4,5 a US$10,5 millones. No es el costo confirmado del programa ni prueba de que las 300 se hayan entregado o instalado; tampoco permite inferir cuánto se pagó originalmente, especialmente porque se trataría de una compra por volumen y de otro momento económico. Para conocer la inversión real hacen falta el expediente, la adjudicación y las facturas. Calle Angosta continúa en busca de esa información; se ha gestionado por diversas vías y de no obtener resultados, se analiza la posibilidad de invocar la Ley de Acceso a la Información.

Tampoco podemos afirmar, con la información reunida, que el programa se haya desactivado únicamente porque lo inició otra gestión. Esa sería una hipótesis política, no un hecho probado. Pero si las cabinas quedaron sin personal, las autoridades tienen que explicar por qué. Y si hubo una evaluación que recomendó abandonarlas, corresponde mostrarla: ¿qué falló?, ¿qué resultados se midieron?, ¿qué costo tuvo sostener el sistema?, ¿qué alternativa se puso en marcha en esos mismos lugares?

La evidencia internacional aconseja no confundir una estructura con una política de seguridad. Una tesis de la Universidad de New Haven analizó torres móviles de vigilancia en 23 ubicaciones de cinco jurisdicciones estadounidenses. Encontró que las opiniones del personal policial eran favorables, pero que los resultados cuantitativos variaban de un lugar a otro. No es el mismo modelo que una cabina barrial de San Luis y no prueba que estas garitas reduzcan el delito. Sí deja una enseñanza: la utilidad debe medirse en cada contexto, no suponerse por la sola presencia del dispositivo. Tesis sobre torres SkyWatch

Un cambio de gobierno puede revisar un programa. Incluso puede decidir que otro modelo funciona mejor. Lo que no debería hacer es reemplazar la evaluación por el silencio, ni permitir que una inversión quede como escenografía urbana sin aclarar qué servicio presta. Si hay una política superadora, es momento de explicarla y demostrar cómo cubre esos barrios.

La discusión no es si hay que conservar una cabina por respeto a quien la instaló. Es si la comunidad recibió una respuesta de seguridad efectiva, cuánto costó y qué se hará ahora. La continuidad de una política no debe depender del partido que la lanzó; debe depender de sus resultados.

Para salir de las conjeturas, el Ministerio de Seguridad debería informar cuántos nodos compró y recibió, dónde se instalaron, cuántos tienen personal, qué costo tuvo el programa y qué estrategia los reemplazó allí donde dejaron de operar.

Las cabinas siguen a la vista. Lo que falta es que también estén a la vista las decisiones y sus fundamentos.