El candidato a gobernador sostuvo que la transición prevista hasta 2031 podría condicionar la relación entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura. También pidió debatir los cambios sobre justicia, agua e incentivos económicos.
El debate por la reforma constitucional de San Luis no debería limitarse a la posibilidad de reelección o al sistema de balotaje. Así lo planteó el Dr. Fernando Pastor, candidato a gobernador, en un documento en el que puso el foco en los efectos institucionales de la transición y en el funcionamiento de los controles sobre el poder.
Uno de los puntos que destacó es la extensión hasta 2031 de los mandatos de legisladores y concejales elegidos en 2025, que originalmente finalizarían en 2029. Según su análisis, si en 2027 asume un gobierno de signo político distinto al actual, podría encontrarse durante todo su mandato con una Legislatura parcialmente elegida antes de su llegada al poder.
Pastor señaló que ese escenario no sería necesariamente ilegítimo, pero consideró que merece una discusión pública. También planteó que, si se elimina la elección de medio término prevista para 2029, esas bancas no se renovarían durante el próximo período de gobierno.
La distribución de convencionales es otro de los aspectos abordados en el texto. De acuerdo con la ley citada por el candidato, la Convención tendría 52 integrantes: 11 por los departamentos Juan Martín de Pueyrredón y General Pedernera, cinco por Ayacucho y Chacabuco, y cuatro por cada uno de los otros cinco departamentos. Para Pastor, esa composición combina representación poblacional y territorial, y obliga a incorporar al debate las demandas del interior provincial.
El documento también advierte que la elección de convencionales coincidiría con la próxima elección provincial general, aunque se trata de decisiones distintas. En ese sentido, sostiene que votar una fórmula de gobierno no implica respaldar automáticamente todas sus propuestas de reforma constitucional.
En materia institucional, el candidato se refirió a los cambios propuestos para el sistema de selección de magistrados y a la separación del Ministerio Público del Poder Judicial. Consideró que los concursos y las ternas vinculantes podrían reducir la discrecionalidad, aunque su eficacia dependería de las reglas de selección y de los mecanismos que eviten una influencia partidaria excesiva.
El agua ocupa otro capítulo del análisis. Pastor valoró su reconocimiento como derecho humano y recurso estratégico, pero pidió precisar las atribuciones y los controles de la autoridad hídrica prevista en la propuesta. El texto señala que un mandato de cinco años podría aportar continuidad, aunque también plantea interrogantes si se extiende más allá del período del gobierno que designa a ese funcionario.
A su vez, propuso analizar en conjunto la reforma constitucional, el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE) y el Plan Maestro del Agua. En relación con los incentivos económicos, sostuvo que deberían conocerse los beneficiarios, los montos, las obligaciones asumidas y los resultados en inversión y empleo.
Sobre la cooperación hídrica con el Consejo Federal de Inversiones y las referencias a la empresa israelí Mekorot, el documento hace una distinción: afirma que existen antecedentes de trabajos entre esas entidades en otras provincias, pero señala que la información citada no permite concluir que Mekorot controle San Luis Agua ni que haya sido adjudicataria en San Luis.
El planteo de Pastor propone evaluar cada artículo por sus efectos institucionales y sociales, con reglas que puedan sostenerse tanto bajo gobiernos oficialistas como opositores. Entre sus criterios menciona la transparencia de los contratos y beneficios fiscales, la prioridad del abastecimiento humano, la independencia de los controles y la posibilidad de que cada gobierno electo cumpla sus responsabilidades.
