Educación Esencial vs. Prioritaria: Un Análisis Necesario –

Escribe Alberto «Tochi» Moreno

Días atrás la justicia laboral suspendió la aplicación del artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial según el cual los gremios debían garantizar un 75% de la prestación normal de la actividad en caso de huelga.

Ese texto legal, ahora suspendido, venía siendo pedido no solo desde gobiernos, sino también desde destacados especialistas en educación y por sectores de padres, todo a partir de los evidentes perjuicios que hacen los paros en la educación del alumnado y en la alteración de la vida familiar.

La esencialidad en el trabajo está reconocida por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), para asegurar las prestaciones de servicios que garantizan la seguridad de los ciudadanos, como por ejemplo fuerzas de seguridad, transporte, alimentación, comunicaciones, etc.  

Expresamente la OIT precisa que la educación no es actividad esencial, pero lo definido por OIT no es de cumplimiento obligatorio para los estados. Es claro y evidente que los gremios exigen su cumplimiento, a partir del derecho constitucional a la huelga.

Afirmo que ni la esencialidad ni la no esencialidad solucionan el tema huelga, más aún pueden acrecentarlo.

Se impone un análisis desde otra perspectiva.

No se resuelve ningún problema atacando sus manifestaciones. Hay que resolver causas. Las que pasan por la ignorancia gubernamental de la ley o su vocación por incumplirla y la baja consideración que gobiernos y sociedad tienen para con la educación.

Una vez más recuerdo el Artículo 3 de la ley 26206 que dice: “La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.”

Con este texto a mano, me pregunto, ¿Dónde está la prioridad educativa con políticas de estado en los gobiernos nacionales y provinciales, cuando menos, desde el 2006 en que se promulgó esta ley? Algo hay, pero lejos de la necesario.

Una dosis de sentido común permite afirmar que si una actividad es prioritaria también lo debe ser la profesión que la cumple. Una educación prioritaria, o esencial para otros, exige una docencia también prioritaria o esencial y merecedora de una política de estado de aquí al fin de los tiempos.

Creo que el concepto de prioridad es más amplio y correcto que el de esencial, más aún cuando éste está ligado internacionalmente a la limitación en el ejercicio del derecho a huelga.

Cada docente debe poder cumplir sus obligaciones con alegría y la tranquilidad de saber que, con su trabajo, puede lograr para sí y su familia el nivel de vida que les permita realizarse en su plenitud.

Las enfermedades profesionales, el burnout, nuevo nombre del viejo surmenaje; el ausentismo, la proliferación de licencias y reemplazos, la pérdida de vocaciones, las huelgas son consecuencia de la agresión salarial que sufre la docencia argentina.

Desde hace años[i] que vengo afirmando que se necesita una política de estado revolucionaria en educación que se inicie y sostenga en una profesión docente entre las mejores pagadas en el país. Propuesta que planteo no demagógicamente para lo inmediato, sino en etapas progresivas siempre con aumentos claramente mayores al costo de la vida. Al brindar dignidad económica a la docencia, desaparece la conflictividad y los gobiernos tienen autoridad moral para exigir todo lo mucho y bueno que de ese trabajo se espera.

Sin olvidar, por cierto, que la dignificación docente también exige que se recupere el respeto que la sociedad tenga de ese trabajo y la autoridad docente en su tarea.

Siendo que la educación es formadora de todos los trabajos y profesiones, hay que recordar lo dicho por Sarmiento: “Todos nuestros problemas son problemas de educación”.

No advierto en nuestros gobiernos una visión así, más allá de la elocuencia electoral. Hay algunos mejores que otros, pero no se aproximan a lo que se necesita. Varias investigaciones demuestran la baja en los presupuestos provinciales de educación demostrada en varias investigaciones, lo que lleva a muchas aspiraciones a privatizar la educación, lo que es contrario a pactos internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional.

Una prioridad concretada a través de políticas de estado, sostenidas en la dignidad salarial y social de la profesión docente, es la forma de solucionar los problemas que hoy se quieren resolver con la limitación de derechos.

Es atacar las causas y no sus manifestaciones.

No creo que sea difícil entenderlo.

Solo es entendible el futuro con las próximas elecciones y no las futuras generaciones.