En 2 minutos y 36 segundos, el HCD comprometió $1.377 millones de la coparticipación de Villa Mercedes

Escribe: Pablo Muract

El martes 20 de octubre, un convenio con la Provincia figuraba entre los asuntos ingresados, no como despacho de comisión. Con doce votos (son trece concejales), o sea por mayoría de maxistas, poggistas, radicales poggimileístas y mileístas el HCD aprobó tratarlo sobre tablas y después lo convirtió en Ordenanza. La concejala justicialista Andrea Quiroga se opuso al tratamiento exprés y pidió que el expediente fuera girado a comisión, no tuvo éxito.

En la sesión del martes 20 de octubre, el Honorable Concejo Deliberante de Villa Mercedes volvió a exhibir un estándar legislativo alarmantemente bajo: aprobó por mayoría el convenio “Construyendo con tu Pueblo 2026” y comprometió $1.377.601.020 de la coparticipación municipal, además de afectarla como garantía. La decisión puede traducirse en menos recursos para servicios y obligaciones corrientes; problemas de caja si se demoran los desembolsos provinciales; sobrecostos que el Municipio tendría que afrontar, porque el convenio no permite actualizar los precios; nuevas retenciones si la Provincia reclama reintegros por incumplimientos; y obras paralizadas o compromisos con contratistas que terminen recayendo sobre las arcas locales.

El asunto figuraba como expediente ingresado. Lo habitual ante un expediente de estas características es girarlo a comisión para que los concejales puedan estudiarlo, pedir informes y revisar sus consecuencias. Esta vez, una mayoría pidió y aprobó tratarlo sobre tablas.

La grabación permite seguir la secuencia: alrededor del minuto 17:04 se identifica el expediente; hacia el 18:10 se aprueba por mayoría el tratamiento sobre tablas; y a las 19:40 se anuncia la aprobación final. En total, 2 minutos y 36 segundos desde la presentación del asunto hasta la votación final.

La concejala justicialista Andrea Quiroga manifestó que no acompañaba el tratamiento sobre tablas y sostuvo que el expediente debía estudiarse en comisión. Pero la mayoría de maxistas, poggistas, radicales poggimileístas y mileístas avanzó con el trámite y aprobó la ordenanza. El resultado de la votación final se anunció como aprobado por mayoría.

El convenio del Pícaro Poggi: Villa Mercedes pone la mitad; a Nación, ni un reclamo

No se discutía una declaración de interés ni un asunto menor. El convenio fija un fondo de $2.755.202.040 para financiar hasta tres obras. De ese total, $1.377.601.020 —la mitad— deberá aportarlos Villa Mercedes, mediante seis retenciones de $229.600.170 sobre la coparticipación municipal.

Es dinero que dejará de estar disponible para otras obligaciones de la ciudad. Sin embargo, el expediente no identificaba las obras concretas, su ubicación, su costo individual, sus beneficiarios ni los gastos que generarán después. Se comprometieron recursos municipales sin que el Concejo tuviera a la vista los proyectos completos para evaluar qué se hará y si el presupuesto alcanzará.

Tampoco se despejaron interrogantes básicos: el convenio no admite redeterminaciones de precios, pero ¿quién pagará si aumentan los costos? Los desembolsos provinciales dependen de anticipos y certificados de avance, pero ¿en cuánto tiempo se revisarán y pagarán? ¿Qué ocurrirá si el Municipio debe cubrir compromisos mientras espera los fondos?

También quedan abiertos los controles. ¿Cómo se elegirán las empresas? ¿Se compararán ofertas? ¿Se publicarán contratos, presupuestos y certificados? ¿Quién controlará los avances y cómo podrá la ciudadanía verificar cuánto se pagó y qué se ejecutó?

Y el convenio compromete la coparticipación municipal como garantía. ¿Qué límites tiene esa garantía? Si la Provincia reclama un reintegro, ¿cómo se calcula la deuda y qué oportunidad tendrá el Municipio para objetarla antes de que le descuenten recursos? Además, el acuerdo coloca sobre el Municipio una responsabilidad amplia por incumplimientos, daños y defectos, aunque la Provincia participa en la aprobación, la inspección y la certificación de las obras.

La rapidez del trámite dejó esas preguntas sin respuesta en el debate registrado. No es una objeción a que se hagan obras: es una objeción a comprometer fondos públicos sin que se conozcan las obras, sus presupuestos y las reglas para controlarlas. El pase a comisión habría permitido pedir esa información antes de votar.

También hay una ausencia política: el convenio detalla el aporte de Villa Mercedes y las obligaciones municipales, pero no consigna una gestión concreta ante el Gobierno nacional para reclamar financiamiento o recursos para estas obras. Los oficialismos provincial y municipal sostienen una alianza política con el Gobierno de Javier Milei, cuyo rumbo de ajuste y desfinanciamiento de obras y políticas públicas cuestionamos. Si las ciudades necesitan inversión, también corresponde explicar qué se reclamó a Nación y qué recursos se gestionaron.

La ordenanza ya fue aprobada. Ahora, Provincia y Municipio deben publicar los proyectos, presupuestos, contratos, certificados y desembolsos. Los vecinos tienen derecho a saber qué se hará con su coparticipación, quién controlará cada obra y quién responderá si el dinero no alcanza. El tratamiento exprés no elimina esas obligaciones; las vuelve más urgentes.

Podemos sumar este apartado después del párrafo sobre los 2 minutos y 36 segundos. Para que sea sólido, conviene decir que el expediente y el debate registrado no responden estas preguntas, en vez de afirmar que el DEM nunca las contestó por otra vía.

Preguntas sin respuesta. Timbre para el Maxi y para el Pícaro Poggi

La rapidez no fue el único problema. En el debate registrado no se escucha un análisis de fondo del convenio y el expediente deja sin aclarar cuestiones que comprometen fondos públicos, controles y responsabilidades municipales. Algunas preguntas elementales:

• ¿Qué obras concretas se van a financiar? El acuerdo permite hasta tres, pero ¿cuáles son, dónde se harán, qué necesidad atiende cada una y quiénes se beneficiarán?
• ¿Quién eligió esas obras y con qué criterios? ¿Hubo evaluación de prioridades, impacto social, factibilidad técnica y costos de mantenimiento?
• ¿Cuánto costará cada proyecto y qué incluye su presupuesto? ¿Se calcularon materiales, mano de obra, transporte, inspección, servicios y mantenimiento?
• ¿Qué pasa si los costos aumentan? El convenio no admite redeterminaciones de precios: si el dinero deja de alcanzar, ¿quién pone la diferencia y cómo se garantiza que la obra se termine?
• ¿Cuándo recibirá Villa Mercedes los fondos provinciales? El convenio prevé un anticipo y pagos contra certificados, pero ¿qué plazo tiene la Provincia para revisar y pagar cada certificado? ¿Qué pasa si se demora?
• ¿Cómo se controlarán las contrataciones? ¿Se convocará a competencia de precios? ¿Se publicarán presupuestos, ofertas, adjudicaciones y contratos? ¿Qué mecanismos impedirán favoritismos y permitirán auditar cada peso?
• ¿Quién certificará los avances y con qué criterios? ¿Qué informes, mediciones y documentación se publicarán? ¿Cómo podrá la comunidad conocer cuánto se pagó y qué se ejecutó?
• ¿Qué implica comprometer la coparticipación municipal? El Municipio aportará $1.377.601.020, en seis retenciones de $229.600.170. ¿Qué impacto tendrá eso sobre los recursos para servicios, salarios, proveedores y otras obligaciones?
• ¿Qué límites tiene la garantía sobre la coparticipación? Si la Provincia reclama un reintegro o considera que hubo un incumplimiento, ¿cómo se determina la deuda?, ¿hay un tope?, ¿qué instancia tiene el Municipio para objetarla antes de que le descuenten fondos?
• ¿Por qué el Municipio asume una responsabilidad tan amplia frente a terceros? Si la Provincia aprueba los proyectos, inspecciona y certifica, ¿por qué el convenio coloca sobre el Municipio la responsabilidad exclusiva por daños, incumplimientos y defectos?
• ¿Qué ocurre si se rescinde el convenio o se frenan los desembolsos? ¿Quién termina una obra iniciada, quién paga los contratos pendientes y cómo se protege a los vecinos que dependen de ella?
• ¿Qué documentación respalda la ejecución? ¿Dónde están los proyectos técnicos, los presupuestos definitivos, los cronogramas y las condiciones de contratación que permiten votar con conocimiento?
• ¿Por qué no hay una gestión concreta ante Nación para financiar estas obras? El convenio detalla cuánto deberá aportar Villa Mercedes, pero no menciona una gestión o reclamo nacional para obtener recursos adicionales.

El convenio “Construyendo con tu Pueblo 2026” puede tener un objetivo valioso: financiar obras necesarias para Villa Mercedes aunque todavía no se digne decirnos cuáles serían… Pero la Ordenanza compromete fondos municipales y asume responsabilidades importantes -como dijimos- sin acompañar todavía los proyectos concretos que permitan evaluar qué se hará, cuánto costará y qué obligaciones quedarán a cargo del Municipio.

Por eso, no correspondía aprobarlo sin condiciones ni tratar el monto anunciado como si fuera un aporte provincial íntegro. El fondo previsto asciende a $2.755.202.040, pero la mitad —$1.377.601.020— se integra con recursos municipales retenidos de la coparticipación, en seis cuotas de $229.600.170. No es un aporte sin costo para la ciudad: son fondos que dejarán de estar disponibles para otras obligaciones municipales.

Observaciones que deben quedar asentadas

1. El convenio compromete recursos municipales por una suma muy significativa. La retención de coparticipación reducirá los ingresos disponibles durante seis meses y puede afectar la capacidad de atender servicios, salarios, proveedores y otras obligaciones.
2. No se adjuntan las obras que se pretende financiar. El expediente fija un fondo para un máximo de tres proyectos, pero no permite conocer su ubicación, costo desagregado, población beneficiaria, plazo, impacto ni prioridades. Sin esa información, el Concejo no puede evaluar la conveniencia de cada inversión.
3. Los montos no tienen mecanismo de actualización. El acuerdo prohíbe la redeterminación de precios. Si aumentan materiales, salarios, transporte u otros costos durante la ejecución, no se explica quién cubrirá la diferencia ni cómo se evitará que las obras queden inconclusas.
4. Los desembolsos están condicionados a aprobaciones y certificados de avance. El acuerdo no fija plazos concretos para que la Provincia revise, apruebe y pague cada certificado. La Municipalidad, sin embargo, deberá organizar y sostener la ejecución de las obras.
5. El anticipo provincial del 20% no despeja el riesgo de caja. Los pagos posteriores dependen de la certificación de avances y de los fondos disponibles en el fondo común. Falta un cronograma claro que permita saber si el dinero llegará a tiempo para pagar contratistas y proveedores.
6. La responsabilidad de ejecución recae ampliamente sobre el Municipio. El texto le atribuye responsabilidad exclusiva frente a incumplimientos y terceros, incluidos daños, personal, materiales y posibles defectos de obra, mientras la Provincia también interviene en la aprobación, inspección y certificación.
7. La coparticipación también queda comprometida como garantía. Ante incumplimientos o reintegros, la Provincia podría descontar fondos municipales. El alcance de esa garantía, la forma de calcular una deuda y el procedimiento para discutirla deben precisarse antes de asumirla.
8. La Provincia conserva herramientas de rescisión y suspensión de pagos. Si rescinde por incumplimiento, puede interrumpir desembolsos, reclamar reintegros y limitar la posibilidad de celebrar nuevos acuerdos. El Municipio podría quedar frente a obras iniciadas, contratos vigentes y costos pendientes.
9. Faltan reglas detalladas de contratación y publicidad. El convenio prevé que el Municipio ejecute las obras, pero en el expediente no se desarrolla un protocolo específico de selección de contratistas, comparación de ofertas, publicación de adjudicaciones y prevención de conflictos de interés.
10. Hay requisitos que también necesitan explicación. Entre ellos, la exigencia de presentar un certificado de no tener juicios contra el Estado provincial. Debe aclararse su fundamento, alcance y efecto si existiera un litigio en curso.
11. El convenio todavía requiere las homologaciones correspondientes. En la copia recibida consta la remisión del decreto municipal al Concejo, pero no aparece la decisión final del Concejo ni la homologación provincial que el propio acuerdo exige para su vigencia. Debe verificarse que ambas se completen.

Condiciones que debería haber exigido el Concejo

• La identificación de las obras propuestas, con memoria técnica, ubicación, presupuesto detallado, plazo, plan de inversión, población beneficiaria y costos de mantenimiento posterior.
• Un cronograma de aportes provinciales, con fechas o plazos máximos para el anticipo y para el pago de cada certificado.
• Una proyección del impacto de las seis retenciones sobre la coparticipación y sobre las obligaciones ordinarias del Municipio.
• Una respuesta expresa sobre los aumentos de costos: quién cubrirá las diferencias si el presupuesto aprobado resulta insuficiente, dado que el convenio no admite redeterminaciones.
• La delimitación de la garantía sobre coparticipación, incluyendo conceptos alcanzados, límites, forma de cálculo, notificación y un mecanismo para que el Municipio pueda formular observaciones antes de cualquier descuento.
• Un procedimiento público de contratación, con criterios de selección, comparación de precios, publicación de resultados y controles verificables.
• La asignación clara de responsabilidades por accidentes, daños a terceros, materiales, defectos de obra y obligaciones laborales, especialmente cuando la Provincia participa en la aprobación e inspección.
• Un plan para obras en curso si se interrumpen los fondos o se rescinde el convenio, que evite dejar contratos, trabajadores y proyectos sin respaldo.
• La presentación de las homologaciones finales municipal y provincial antes de dar por vigente el acuerdo.

La precaria y riesgosa situación en la que se colocó a Villa Mercedes

El riesgo no se limita a que una obra cueste más de lo previsto. El Municipio podría comprometer coparticipación, iniciar contrataciones y asumir obligaciones mientras espera pagos provinciales; enfrentar un aumento de costos sin una cláusula de actualización; y quedar obligado a responder por la obra ante terceros incluso si los problemas se originan en atrasos, aprobaciones o decisiones compartidas con la Provincia.

Por eso, reiteramos, el Concejo no debería haber convalidado un compromiso financiero abierto a la ciudad sin conocer primero las obras y sus costos, ni aprobar una distribución de responsabilidades que deja al Municipio con la mayor parte del riesgo y sin garantías claras de oportunidad y suficiencia de los fondos provinciales.

Otro triste indicio del avance violeta en la ciudad

También corresponde señalar la contradicción política de presentar este programa como una respuesta suficiente a las necesidades locales mientras las fuerzas que comparten responsabilidades en Provincia y Municipio mantienen una alianza con el Gobierno nacional. Calle Angosta y las personas que la sostenemos, y sus lectores, cuestionamos el rumbo nacional por la paralización y el desfinanciamiento de obras y políticas públicas entre otras tantísimas razones. Precisamente por eso, no alcanza con un anuncio: hacen falta recursos previsibles, obras identificadas, controles públicos y garantías concretas para que el costo de las demoras o de la falta de actualización no termine recayendo sobre los vecinos de Villa Mercedes.