“Gobernador Poggi: conozco mis derechos y mis obligaciones. ¿Usted conoce las suyas?”

El 20 de febrero publiqué una reflexión en la que me preguntaba si tenía sentido remar contra la corriente. Desde entonces recibí muchos comentarios —públicos y privados—, y todavía no tengo una respuesta definitiva. No sé si sirve para algo hacerlo. Pero sí tengo cada vez más claro que el autopromocionado “Año de la Educación” en San Luis corre el riesgo de quedarse en un eslogan.

Hasta ahora, las medidas parecen más orientadas al maquillaje y a la promoción que a resolver los problemas estructurales del sistema educativo. Y lo más preocupante es que docentes, directivos, personal no docente y gremialistas —en su gran mayoría— saben que esto es así, pero pocos lo dicen en voz alta.

San Luis no es la única provincia con dificultades educativas, y tampoco toda la responsabilidad recae en el actual gobernador. Pero a mí me preocupa lo que ocurre en mi provincia. Y si vamos a mirar al pasado, me gustaría que recuperáramos al menos parte de la educación que tuvo mi generación: imperfecta, sí, pero sin dudas mejor que la que hoy estamos ofreciendo a las nuevas generaciones.

También es cierto que las responsabilidades son compartidas. El Gobierno no siempre hace lo que debe hacer; hay docentes que carecen de vocación o compromiso; hay padres ausentes o desentendidos del seguimiento escolar de sus hijos; y hay alumnos que asisten a la escuela solo por obligación o para socializar, pero sin interés real por aprender.

A esto se suma otra realidad: la educación inclusiva se menciona en los discursos, pero muchas veces no se materializa en la práctica. La falta de personal especializado en las escuelas termina dejando sin respuestas a estudiantes con dificultades, que quedan, de hecho, excluidos.

En este contexto, la gira del gobernador por las escuelas parece repetir una lógica conocida. ¿Tiene sentido que las visitas se anuncien con anticipación? Difícilmente, salvo para garantizar fotografías, carteles preparados y aplausos protocolares. Quizás serían más útiles visitas sorpresa que permitan observar la realidad tal cual es, aunque en ese caso se perderían las coreografías.

También cabe preguntarse si alcanza con recorrer tres o cuatro establecimientos en un mismo día sin detenerse a dialogar con directivos o docentes, sin conocer en detalle los problemas edilicios o las vacantes de personal que afectan el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

Y hay otra pregunta que me inquieta: ¿cuántos docentes o directivos se animarían a decirle al gobernador o al ministro, cara a cara, lo que realmente está mal? Y, en caso de hacerlo, ¿serían escuchados?

Recuerdo que el actual gobernador solía escuchar en los foros que organizaba cuando era candidato. Hoy esos espacios parecen haber quedado atrás. Tal vez vuelvan el próximo año, cuando llegue el momento de buscar la reelección.

El propio gobernador ha repetido una frase que merece ser tomada en serio: “Una comunidad educada conoce sus derechos y puede exigirlos, pero también conoce sus obligaciones”.

Como docente, integro esa comunidad. Conozco mis derechos y cumplo mis obligaciones desde el 21 de marzo de 1995, cuando comencé a trabajar en la docencia. Por eso, en base a esa misma premisa, considero legítimo exigir que el Estado cumpla con las suyas.

En primer lugar, que se respete y haga respetar el Estatuto del Docente (Ley Nº XV-0387-2004 y normas complementarias). Entre otras cosas, el artículo 13 establece la convocatoria a elecciones para que los docentes podamos elegir a nuestros representantes en las Juntas de Clasificación Docente, hoy acéfalas o con mandatos vencidos desde 2023.

Lo mismo ocurre con el Consejo de Educación, cuyo mandato también está vencido.

También es imprescindible cubrir todos los cargos vacantes en las escuelas —tanto docentes como jerárquicos— en tiempo y forma, sin demoras que terminan afectando el proceso de aprendizaje. Lo mismo vale para los cargos de supervisión, fundamentales para el funcionamiento del sistema.

A esto se suman reclamos básicos: que los salarios se paguen íntegramente en blanco, con los aportes correspondientes, para no perjudicar a los futuros jubilados ni afectar el cálculo del aguinaldo; que los establecimientos escolares estén en condiciones edilicias adecuadas; y que cuenten con los recursos necesarios para enseñar y aprender.

Eso, al menos, para empezar.

En este autopromocionado “Año de la Educación”, la pregunta es simple: ¿se avanzará realmente en estas cuestiones?

Los docentes conocemos nuestros derechos. Y también nuestras obligaciones.

La pregunta es si quienes gobiernan conocen —y están dispuestos a cumplir— las suyas.