Reclamo renovado: a cuatro años del crimen de Lucio Dupuy, su familia exige que se aplique la Ley Lucio de forma efectiva
Hoy se cumplen cuatro años del asesinato del niño de cinco años en Santa Rosa, La Pampa —un caso que conmocionó al país por su extrema violencia—, y la familia de Lucio vuelve a alzar la voz para exigir que la norma creada tras su muerte deje de ser letra muerta y se transforme en protección real para niños, niñas y adolescentes.
La Ley Lucio fue sancionada en 2023 como respuesta a aquella tragedia. Establece, entre otras medidas, capacitaciones obligatorias para funcionarios que trabajan con infancia, protocolos de alerta y denuncia ante situaciones de riesgo, y una coordinación reforzada entre organismos nacionales, provinciales y municipales encargados de la protección de menores.
Para la familia, la aprobación de esa norma fue un paso importante, pero las recientes actuaciones revelaron profundas deficiencias institucionales: según denunciaron, el niño había sido atendido en centros de salud en múltiples ocasiones por lesiones previas que nunca se investigaron ni alertaron como señales de abuso.
En este nuevo aniversario, su padre —Christian Dupuy— insistió públicamente: el reclamo sigue intacto. Manifestó que clama por justicia y pidió que las autoridades redoblen los controles, supervisen la correcta aplicación de la Ley y aseguren recursos y políticas reales que protejan a los niños en situación de vulnerabilidad.
Aunque quienes cometieron el crimen ya fueron condenadas con prisión perpetua, para la familia eso no alcanza. Plantean que el foco debe estar puesto en lo que falló: en la negligencia del sistema, en la falta de seguimiento del caso y en las brechas que permiten que situaciones de violencia y abuso recaigan sobre menores indefensos.
Hasta ahora, además del reclamo público, persisten investigaciones por posibles omisiones de profesionales e instituciones que intervinieron previamente —médicos, asistentes sociales, organismos de protección—, con la esperanza de que se determinen responsabilidades concretas.
En este marco, la familia renueva su pedido de que la Ley Lucio deje de ser un símbolo y se transforme en un mecanismo eficaz, capaz de prevenir el maltrato infantil, detectar señales de riesgo y garantizar que ningún otro niño sea desprotegido. Su lucha, dicen, no terminará hasta que se asegure que un caso como el de Lucio nunca más vuelva a repetirse.
