Seguimos con un sistema político obsoleto, o creamos una democracia participativa y popular que nos cuide

Está visto por experiencia, que nuestro Sistema Democrático, institucionalizado universalmente desde la Revolución Francesa, con el derecho a ser ciudadanos, a constituirnos en República, con el reconocimiento de la Voluntad Popular, el derecho a elegir y ser elegidos, a gobernar y ser gobernados, el equilibrio de la gobernabilidad con los tres Poderes tradicionales, en base a un Estado organizado en una Constitución, ha quedado obsoleto política y socialmente, dejándonos desamparados y a merced de los Grupos del Poder económico. Hay que transformarlo.

“Cambiar costumbres es difícil, porque es como cambiar el mundo”
Yoshiko Morishita

Actualmente, el Sistema Representativo -extensivo a toda Institución que adopte el Sistema Democrático- adolece de límites en el tiempo y en las funciones para las personas elegidas como representantes. Y no siempre son representaciones populares. Esto genera una burocracia que se perpetúa en el Gobierno de cualquier Institución. Sucede en los Partidos Políticos, Sindicatos y Organizaciones Sociales. Aun regulando este Sistema Representativo, no evita la creación de lobbies, políticas e intereses. La Burocracia Política digita candidatos en los Partidos, que se eternizan en la Institución partidaria y en las candidaturas al Gobierno.  

Esta Burocracia obliga a la población a elegir a esos candidatos de acuerdo a los intereses de cada Partido Político, no a las necesidades de la gente ni mucho menos a los elegidos directamente por ella, que sería lo correcto. No da otra opción que los candidatos que ellos proponen. Por eso acceden al Gobierno personas que la mayoría de la población no conoce. En consecuencia, no cumplen la Voluntad Popular porque son obedientes a intereses personales, partidarios, o a Corporaciones. Es decir, traicionan al Pueblo.

Los Partidos Políticos se establecen como los únicos canales válidos para el acceso al Gobierno, lo cual, a esta altura de la Historia, es cuestionable. Convierten a la Política en una Política de cargos. Y como el resto de los Partidos actúa del mismo modo, tampoco son opciones justas para la gente. Estas prácticas, aceptada por casi todos los Partidos y resignadamente por la población que aún participa, se denomina Partidocracia.

Al no existir un proceso auténticamente democrático de participación, transparencia y cumplimiento de la Voluntad Popular, se produce un descreimiento progresivo del Sistema Político; de los Partidos Políticos, del Sistema Representativo, de los Poderes del Estado y de las mismas acciones del Gobierno. Paradojalmente, el descreimiento en la Política lleva a una creciente abstención, lo cual beneficia a las minorías que se eternizan en el sistema. Este vicio burocrático se extiende a muchas Instituciones, y especialmente a los Sindicatos, pero también a los Partidos Políticos. Se descree de la Política, cuando en realidad es la Burocracia Política la que produce esas prácticas dañinas.

Eliminar la Burocracia de los Partidos y en los Sindicatos, para que cumplan la Voluntad Popular los unos, y defiendan los intereses de los trabajadores en el proceso económico los otros, reglamentando su funcionamiento por Ley, sería ya un gran paso. Democratizar todo desde las bases, democratizar a todas las instituciones, cuestionando y terminando con las burocracias, con los autodirigentes, podría ser un comienzo. Pero habrá resistencia.

Para esta tarea, hay que empezar a conversar, hablar, compartir la idea y organizarse comunitariamente, porque hay elites y lobbies en los Partidos e Instituciones que limitan la participación y elección de sus integrantes y candidatos al gobierno; sin asambleas ni elecciones abiertas, inclusive imponiendo candidaturas testimoniales. Las Internas no garantizan una participación pública e inclusiva, ni permiten el control popular sobre la Institución Partidaria o Sindical. Se resisten al cambio, demostrando con ello que sólo les interesa aferrarse al Poder. No hay vocación de servicio público y desinteresado allí.

Por otra parte, los Poderes del Estado están muy cuestionados. El Poder Ejecutivo -unipersonal como el actual, donde el presidente sólo está acompañado de su gabinete y un cuestionado Círculo Rojo, con decisiones unipersonales con asesoramiento desconocido, no es un Ejecutivo Colegiado, sino unicato, que no garantiza transparencia y cumplimiento de la Voluntad Popular, como tampoco el cumplimiento de las Leyes y el respeto a las Instituciones; nos está llevando a la anomia y al autoritarismo.

No se le deberían dar facultades como el Veto a las leyes, la emisión de Decretos de necesidad y urgencia, las decisiones sobre políticas que afectan a la soberanía, a la economía y a la situación social, porque son una corrupción y decadencia total de un grupo cómplice de personas -dentro y fuera del gobierno- que permite o soslaya esas acciones del Ejecutivo, que, aun amparado por leyes ad hoc, constituyen un delito, por afectar la dignidad e integridad de la Nación.

El Ejecutivo tiene por deber aplicar las Leyes del Legislativo. Y no tener injerencia sobe los otros Poderes del Estado. No es garantía que sea unipersonal. Necesitamos un Ejecutivo Colegiado, vigilado por un Poder de Control Popular, porque se corre el riesgo de autocracia, autoritarismo y dictadura. Tampoco deberían existir los Círculos Rojos.

Respecto al Poder Judicial, desde su constitución tendría que estar sometido a la elección popular perentoria en todos sus estamentos, y de ninguna manera perpetuarse en sus funciones ni constituirse en Autocracia. No debería incidir sobre los otros Poderes del Estado ni transformarse en un Poder a favor de ciertos intereses; solo enmarcarse en el funcionamiento que le es propio: asegurar el cumplimiento de la Constitución y las Leyes, con justicia, sabiduría y ecuanimidad.

Del mismo modo le cabe al Poder Legislativo, el máximo representante de la Voluntad Popular. Si bien es colegiado, el proceso de incorporación y tratamiento de los Proyectos de Ley, de sus facultades de Juicio Político, de sostenimiento de la Soberanía, de guardián de los recursos naturales y estratégicos, y facultades para decidir sobre la defensa y autonomía de la Economía y Producción Nacional, la organización del Estado en función del Bien Común asegurando la vida y bienes de la Nación y de los ciudadanos, entre otras funciones inherentes, este Poder Legislativo hoy no es garantía de esa voluntad popular si no ejerce las facultades que le son propias. Además, es su deber propiciar la consulta y el debate popular sobre decisiones que afectan al conjunto de la población.

Este Poder Legislativo lamentablemente está atravesado por los intereses de los otros Poderes, de los Partidos Políticos, de Corporaciones o similares, o de Gobernadores, sin mencionar legisladores desconocidos por la población que los votó y colocados como candidatos por su trayectoria frívola, compra de candidaturas, o amigos del Poder. Una Institución puramente formal de cobardes juegos políticos y que no ejerce su Poder real. Sucede igualmente con las legislaturas provinciales y concejalías municipales.

Cabe recordar que, a nivel nacional, los Diputados son los representantes directos del Pueblo, no de sus Partidos Políticos como sucede, y los Senadores no tienen que ser representantes de los gobernadores, sino de sus Provincias. El propósito, lo establecido constitucionalmente, se vuelve pura teoría legitimadora de una constitucionalidad que no se ejerce ni respeta. Su práctica, es el original de la copia.   

Los tres Poderes no son suficientes para el equilibrio de Poder en la Gobernabilidad y garantizar los mandatos populares. Carecen del Control Popular de sus prácticas y decisiones. En razón de las desviaciones y desnaturalizaciones que los han vuelto incompetentes para gobernar, se requiere de un Poder que sea de Control Popular, electivo, participativo y perentorio tanto de todas las fuerzas vivas e institucionales del País, como también desde las más elementales bases sociales que organice la población, con carácter colegiado y decisiones sobre sus jurisdicciones según los estamentos comunales, municipales, provinciales y nacionales en que deba actuar. Autónomo y descentralizado.

Esto supone una amplia participación popular, un gran debate ciudadano desde sus contextos barriales, comunales, institucionales e impulsar una progresiva organización desde las bases hacia estos objetivos, compartiendo y discutiéndolos, para exigir y establecer una Asamblea Constituyente que cambie la Constitución Nacional para un nuevo Estado, asegurando una autonomía real de las Provincias y de los Municipios terminando con el centralismo porteño, la inalienabilidad de bienes, recursos naturales, territorio y propiedades del Estado, estableciendo, además, ese Poder de Control Popular como integrante del Gobierno y una representación basada en la Democracia Directa y Participativa. Un Gobierno efectivamente democrático, popular y federal. De allí en más, crear los canales adecuados para satisfacer necesidades, demandas y problemáticas de la población y con ella.  

El desafío es una reconstrucción nacional; que nos dé seguridad y autosustentabilidad a través de un Derecho respaldado por la presencia de la fuerza del Pueblo organizado, promoviendo una conciencia social solidaria, de corresponsabilidad y cuidado ciudadano. Ningún argentino debe quedar desprotegido ni desamparado en sus derechos a vivir dignamente y a progresar. ¿Cabe recordar que todos somos iguales ante la Ley?