Por: Pablo Cufré
Se concretó la proscripción. La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) de ratificar, sin revisar el expediente, los fallos de las instancias anteriores que declararon culpable a la ex Presidenta Cristina Fernández por la causa “Vialidad”, dejó en claro dónde reside el poder, cómo lo ejerce, a quienes percibe como sus enemigos y de qué manera va a tratar a cualquiera que se atreva a desafiarlo.
Esta crónica de una condena anunciada se inició en el año 2007 cuando el flamante gobierno de CFK avanzó con la cuestión de las retenciones a los exportadores de granos. En ese punto, los grupos de poder entendieron que la disputa no iba a tomar las mismas formas que históricamente se habían aplicado en el país para disciplinar a personas o grupos que les complicaran su status quo.
Quien tuvo más claro que esta vez el cargo de Presidenta no era un puesto menor fue el principal controlante del grupo Clarín, el empresario Héctor Magnetto quien, desde su multimedio y acompañado por los principales dueños de la Argentina, se fijó como meta que Cristina terminara muerta o presa.
Por supuesto ponerle un nombre y una cara ayuda a identificar al adversario, pero el árbol no debe tapar el bosque. La historia argentina nos muestra que desde que se intentó diseñar al Estado-nación, la disputa por los beneficiarios del poder estaba planteada solamente entre los dueños de la tierra y cuando surgía algún caudillo o referente que cuestionara el orden dado, se lo perseguía y silenciaba sin más.
La elaboración de la Constitución, hecha a imagen y semejanza de la norteamericana, intentó legalizar ese orden establecido, generando ciertos derechos que aliviaran la tensión para una porción un poco mayor de la población, pero también asegurarse que si otros mecanismos fallaban, siempre hubiera una instancia para limitar los avances populares. Ese poder del Estado es el judicial, cuyo órgano máximo se llama Corte Suprema que, como si fuera un ente monárquico, de origen divino y decisiones inapelables, es el destinado a garantizar que el verdadero poder siga siendo incuestionable, bajo amenaza de condena.
Fue el poder judicial, como fiel representante de la casta que domina el país, la herramienta utilizada esta vez para condenar a Cristina y enviar un mensaje disciplinador a toda la sociedad en general y a la dirigencia política y sindical en particular. La ex Presidenta lo dejó claro: “Este triunvirato impresentable, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos: el poder económico concentrado de la Argentina»
El modelo económico instaurado por el otro “monigote del poder” actualmente a cargo del Ejecutivo, que repite casi punto por punto lo ya hecho por los gobiernos de la dictadura cívico-militar, Menem y Macri, ha demostrado una y otra vez ser fallido en sus enunciados teóricos, aunque siempre provechoso para un grupo muy pequeño de ganadores, y ahora no es distinto.
Este modelo de empobrecimiento general necesita de la persecución, la estigmatización, la violencia institucional y la pelea entre pares sociales para avanzar hasta el límite de su ambición, sin preocuparse por las consecuencias que deja a su paso.
La historia pendular de nuestro país ha completado un nuevo movimiento hacia uno de los lados y mal que les pese a muchos, no se va a quedar suspendida ni es definitiva.
Sin embargo, la inevitable oscilación hacia el lado contrario no debe dejarse librada a las leyes de la física. Debe ser planeada, imaginada, conducida y ejecutada por el movimiento político inédito que generó nuestro país, que tanto desconcierto y enojo les causa a las élites, con la participación y el compromiso de todas las expresiones populares que se propongan vivir en paz y armonía, generando trabajo digno y permitiendo que cada quien pueda realizarse individualmente, siempre en beneficio de la comunidad que integra.
Vamos, hay mucho trabajo que hacer.
