Diputados debaten la posible expulsión de José Luis Espert por “inhabilidad moral” tras un escándalo con vínculos narcos
La Cámara de Diputados analiza la situación del legislador José Luis Espert, luego de que trascendieran presuntas conexiones financieras con el empresario Fred Machado, acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero. El bloque de Unión por la Patria (UxP) impulsa un proyecto para solicitar su expulsión por “inhabilidad moral”.
El diputado Eduardo Toniolli, representante santafesino de UxP y uno de los firmantes de la iniciativa, sostuvo que el objetivo del proyecto “va más allá de un resultado político inmediato”. “Buscamos dar una señal clara a la sociedad sobre lo que no puede suceder en la política y proteger la institucionalidad frente a vínculos opacos con personas involucradas en delitos graves”, afirmó. El impulso del debate se dio luego de que la justicia de Texas confirmara que Espert había recibido una transferencia de 200 mil dólares proveniente de un fideicomiso vinculado a Machado.
Toniolli reconoció que el panorama parlamentario no es sencillo. “Por ahora, no estaría el número de votos para alcanzar los dos tercios necesarios, pero es una pelea que tenemos que dar. A veces los rumores no reflejan lo que pasa en el recinto”, señaló. El tratamiento del expediente podría abrir un nuevo capítulo de tensiones entre el oficialismo y la oposición en un Congreso ya marcado por fuertes divisiones internas.
Para justificar la necesidad de que el caso llegue al recinto, Toniolli recordó el antecedente del exdiputado salteño Juan Emilio Ameri, expulsado en 2020 por un hecho considerado menor. “Por un caso muy menor y por exceso de moralismo, fue expulsado un diputado que en una sesión online besó los pechos de su pareja. Ahora hablamos de vínculos con el narcotráfico internacional, es incomparable”, enfatizó.
Desde la oposición, varios legisladores coincidieron en que el Congreso debe expedirse institucionalmente sobre la situación de Espert, quien fue removido de la presidencia de la Comisión de Presupuesto tras la difusión del escándalo. “La Cámara tiene la obligación de preservar su prestigio y garantizar que los representantes estén libres de sospechas tan graves”, sostuvo Toniolli.
