Conmoción institucional: confirman condena por presión a jueces en San Luis
Este fin de semana, la Justicia ratificó una condena histórica contra dos exfuncionarios provinciales por haber sometido a jueces a la firma de “renuncias anticipadas” como condición para acceder a cargos judiciales. El fallo deja en claro que el mecanismo utilizado buscaba condicionar la independencia del Poder Judicial.
Los condenados, quienes en su momento ocupaban altos cargos en el Ministerio de Legalidad de la provincia, organizaron lo que se describe como un esquema sistemático: los magistrados que iban a ser nombrados debían firmar una renuncia en blanco antes de asumir, y así quedaban sometidos a la discrecionalidad del Ejecutivo. Quien se resistiera podía ser removido sin más trámite.
En la causa intervino una ex jueza que denunció públicamente la maniobra —dijo que aceptó la designación bajo esa presión y que luego le exigieron realizar acciones contra colegas, bajo amenaza de activar la renuncia firmada anticipadamente. Esa declaración fue clave para que avance la investigación.
Después de múltiples instancias judiciales, desde tribunales federales hasta el máximo tribunal del país, la condena quedó firme: seis años de prisión por amenazas coactivas y agravadas. La sentencia marca un antes y un después para la estructura institucional de la provincia, y otros ex miembros del poder que habrían participado del esquema también quedan bajo la lupa.
La caída de este sistema de control político sobre la justicia —denominado históricamente como “fábrica de jueces dóciles”— representa un giro en la lucha por la independencia judicial en San Luis. Y abre interrogantes sobre cuántos nombramientos y decisiones podrían verse revaluados.
Este fallo —conmocionante por su alcance institucional— podría traer consecuencias profundas en la estructura de poder local, y es mirado atentamente por la comunidad, abogados, jueces y ciudadanos que reclaman una justicia imparcial.
