El Caburé: nuevas disputas judiciales y políticas
La investigación por presuntas irregularidades en un campo del Estado provincial enfrenta a exfuncionarios, fiscales y empresas privadas. La discusión por un convenio con fechas cuestionadas y la participación de dos firmas como querellantes mantienen abierto un caso que compromete a integrantes de la gestión de Claudio Poggi.
La causa conocida como El Caburé investiga presuntas irregularidades en la administración de un campo de 1.997 hectáreas perteneciente al Estado de San Luis, ubicado sobre la Ruta Provincial 27. El expediente se centra, entre otros aspectos, en el destino de una cosecha de maíz que se encontraba en el predio cuando la Provincia recuperó la posesión en abril de 2024. La investigación busca establecer cómo se realizó la recolección, qué cantidad de granos se retiró y cuál fue su destino. Entre los imputados se encuentran los exfuncionarios Ricardo Bazla, exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, y Darío Oviedo Helfenberger, exdirector de esa área. Las imputaciones son provisorias y no implican una condena.
Uno de los nuevos focos de controversia es un convenio entre la Secretaría de Ética Pública y el Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Federico Trombotto. Según una publicación de El Diario de la República, el documento lleva fecha del 22 de abril de 2024, pero un intercambio de WhatsApp incorporado al expediente mostraría que el 2 de agosto todavía circulaba un modelo del acuerdo para su revisión. Oviedo sostiene que Bazla y Trombotto firmaron el instrumento en agosto y lo fecharon retroactivamente en abril. Esa acusación abre interrogantes sobre la documentación utilizada para justificar la recuperación y administración del campo. Se trata de señalamientos que deberán ser examinados judicialmente y cuya responsabilidad no está establecida.
La disputa judicial más reciente se produjo el 19 de octubre, cuando el fiscal Leandro Estrada, la Fiscalía de Estado y la defensa de Bazla apelaron la decisión del juez de Garantía Alfredo Cuello de mantener como querellantes a las empresas Galia Norte y San Jorge Cereales. Los apelantes sostienen que los delitos investigados afectan al Estado provincial y cuestionan que las firmas intervengan como acusadoras particulares. Las empresas, por su parte, defienden su participación y piden que se rechacen los recursos. La defensa de Oviedo también se opuso a las apelaciones. El tribunal integrado por María Monserrath Bocca, Marcelo Bustamante Marone y Hernán Diego Herrera deberá resolver el planteo.
El caso excede así la discusión sobre la cosecha: pone bajo examen las decisiones administrativas, la documentación oficial y las responsabilidades de funcionarios que intervinieron en la recuperación del predio. La controversia por el convenio suma presión política sobre el Gobierno provincial, mientras la Justicia debe determinar qué ocurrió con el maíz y si existieron delitos. Hasta el momento, las acusaciones y los cuestionamientos sobre el documento no constituyen una determinación judicial de culpabilidad.
