Reforma constitucional: el debate que divide a San Luis
El Gobierno de Claudio Poggi impulsa una reforma parcial de la Constitución de San Luis con el argumento de actualizar una Carta Magna que tuvo su última reforma integral en 1987 y adecuarla a nuevas demandas institucionales, tecnológicas y sociales. El oficialismo sostiene que busca mayor previsibilidad, fortalecer la independencia judicial, modernizar el Estado y establecer nuevas reglas electorales. El proyecto ya superó la instancia de comisiones y llegó al Senado, donde necesita dos tercios para avanzar.
Entre los principales cambios aparecen un límite de dos mandatos para el gobernador, consecutivos o alternados; el balotaje para gobernador y vice; y la eliminación de las elecciones legislativas de medio término, con renovación de ambas cámaras cada cuatro años. Para concretar esto último, el proyecto establece una cláusula transitoria que extendería hasta 2031 los mandatos de diputados y senadores elegidos en 2025. También incorpora cambios en la selección de magistrados, separación y mayor autonomía de los ministerios públicos, jerarquía constitucional para el agua y nuevos derechos vinculados con conectividad, identidad digital, datos personales e inteligencia artificial.
La oposición radical cuestionó especialmente la extensión de los mandatos legislativos. Desde Identidad Radical calificaron la medida de inconstitucional y advirtieron que eliminar las elecciones de medio término puede aumentar la concentración de poder en el Ejecutivo. El sector también cuestiona que se modifique el mandato que los ciudadanos votaron en 2025. En paralelo, el radicalismo atraviesa una fuerte disputa interna y no existe una posición homogénea frente al Gobierno provincial.
El Partido Justicialista, en cambio, confirmó su rechazo al proyecto y pidió que sea archivado o devuelto a comisión. El PJ sostiene que la reforma es “improvisada, apresurada e inconsulta”, cuestiona la falta de un proceso amplio de participación ciudadana y considera que una modificación de esta magnitud requiere consenso político y social. También señala como especialmente conflictivas la extensión de mandatos hasta 2031, la cláusula que computa el período 2023-2027 de Poggi como su primer mandato y el plazo de apenas 60 días —prorrogable por 30— para que trabaje la Convención Constituyente.
