La Justicia ordenó a Economía entregar el acuerdo de Milei con el FMI por USD 20.000 millones
El Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno nacional contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La resolución judicial se originó a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Verbic en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS, que denunciaron la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275).
Según el fallo, la cartera económica intentó “eludir la entrega” de la documentación mediante maniobras administrativas. Primero tramitó el pedido bajo la normativa vigente e incluso solicitó una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y derivó el caso a un procedimiento más restrictivo y burocrático.
“El derecho a la información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, recordó el magistrado, citando a la Corte Suprema de Justicia, que ha establecido que este acceso constituye un derecho humano fundamental al que puede recurrir cualquier persona sin necesidad de acreditar un interés especial.
El fallo también subrayó que el DNU en cuestión no explicita las condiciones ni las razones del empréstito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia. “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostuvo la sentencia.
De esta manera, el Ministerio de Economía queda obligado a entregar la totalidad del expediente, incluidos anexos y documentos, en un plazo máximo de cinco días hábiles.
La decisión judicial sienta un antecedente clave en materia de control democrático y acceso a información estatal, especialmente frente a decisiones de alto impacto económico como un endeudamiento externo de magnitud histórica. El juez fue categórico al señalar que el Estado debe acatar la norma sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto.
