«No rechazamos las inversiones; rechazamos una ley que regala recursos públicos»: la dura crítica de Hugo Olguín al RIPEE
El Senado provincial aprobó este martes por mayoría el proyecto de creación del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE). Sin embargo, el bloque del Partido Justicialista votó en contra y, a través del miembro informante, el senador Hugo Omar Olguín, presentó un extenso dictamen de minoría en el que cuestionó con dureza el contenido de la iniciativa.
«No rechazamos que San Luis promueva la inversión y el empleo. Rechazamos este texto», sostuvo Olguín durante la fundamentación del despacho, al recordar que el bloque justicialista viene impulsando desde hace más de un año proyectos propios de promoción económica que, según afirmó, nunca fueron tratados por el oficialismo.
«No se puede hablar de emergencia para unos y de beneficios para otros»
Uno de los ejes centrales de la exposición de Olguín fue la contradicción que, según señaló, existe entre mantener vigente la emergencia económica y, al mismo tiempo, aprobar una ley que concede importantes beneficios fiscales.
El senador recordó que la Provincia continúa invocando la emergencia para restringir gastos, mantener congeladas incorporaciones al Plan de Inclusión Social y justificar medidas de ajuste, mientras ahora impulsa un régimen que resigna recaudación por hasta quince años sin informar cuánto dejará de percibir el Estado.
«O la emergencia es real y entonces no hay margen para esto; o hay margen para esto y entonces la emergencia que se le invoca a los trabajadores no existe», sostuvo.
«Esta ley premia al que no invierte»
Otro de los cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido al régimen de beneficios fiscales.
Según explicó Olguín, el proyecto afirma promover nuevas inversiones, pero permite computar inversiones ya realizadas e incluso reincorpora empresas que habían perdido beneficios por incumplimientos anteriores.
«Así terminamos con un beneficio del cien por ciento en Ingresos Brutos, sin inversión nueva, sin obligación de generar un solo puesto de trabajo adicional y abierto incluso para quienes incumplieron la ley», advirtió.
«Le están dando un cheque en blanco al Ejecutivo»
Olguín también puso el foco en las amplias facultades que el proyecto delega en el Poder Ejecutivo.
Según explicó, la iniciativa habilita modificaciones presupuestarias, incorpora instrumentos financieros sin límites precisos y concentra facultades discrecionales que deberían permanecer bajo control legislativo.
«Una ley de promoción económica no puede convertirse en una modificación encubierta del presupuesto ni otorgar poderes extraordinarios sin controles», planteó el senador.
«Así se puede regalar el patrimonio de todos los puntanos»
Uno de los pasajes más contundentes del debate giró en torno al artículo 34 del proyecto, que habilita al Poder Ejecutivo a disponer de inmuebles alcanzados por el régimen.
Olguín sostuvo que una decisión de semejante trascendencia no puede quedar librada exclusivamente al Ejecutivo y recordó un antecedente reciente: cuando el propio Gobierno impulsó la venta de la Casa de San Luis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, envió un proyecto de ley para solicitar la autorización de la Legislatura, precisamente por tratarse de un bien integrante del patrimonio provincial.
«Si para vender un inmueble determinado fue necesaria una ley, resulta contradictorio que ahora se pretenda otorgar una autorización general para futuras operaciones sin que cada caso vuelva a pasar por el Poder Legislativo», cuestionó.
Según el senador, el artículo 34 habilita mecanismos que permiten elegir el comprador, apartarse de la tasación oficial y fijar bonificaciones sin límites expresamente definidos por la ley.
«Elegir el comprador, elegir quién tasa el inmueble y elegir cuánto se descuenta del precio. Eso no es vender; eso es poder regalar el patrimonio de todos los puntanos», afirmó. «El que cumple termina siendo el perjudicado»
El miembro informante también cuestionó los artículos que regularizan situaciones de contribuyentes que no cumplieron con los requisitos de beneficios fiscales anteriores.
Según sostuvo, el mensaje político es preocupante. «Cumplir deja de tener valor cuando después una ley termina perdonando a quien incumplió», expresó durante la defensa del despacho de minoría.
«La cuenta la van a pagar los municipios»
Otro de los puntos que remarcó Olguín fue el impacto que tendrá el régimen sobre las finanzas municipales.
Explicó que la mayor parte de las exenciones recaen sobre Ingresos Brutos, uno de los principales tributos coparticipables.
«Cada peso que la Provincia resigna es un peso menos que recibirán los municipios. Sin embargo, nunca fueron consultados y el proyecto no prevé ninguna compensación», advirtió.
«No hay que corregir esta ley; hay que hacer una nueva»
En el cierre de su exposición, Olguín sostuvo que el problema del RIPEE no radica en algunos artículos aislados sino en la concepción integral del proyecto.
Por eso, explicó que el bloque decidió votar por el rechazo total en lugar de impulsar modificaciones parciales.
«Los problemas no son de forma. Son de fondo. Esta ley no se corrige; se reemplaza por un verdadero régimen de promoción con impacto fiscal, transparencia, control legislativo y beneficios vinculados a inversiones reales y generación efectiva de empleo», concluyó.
