RIPEE y Súper RIGI: dos caras de un mismo modelo que privilegia a los grandes capitales
El Gobierno de San Luis presentó el RIPEE (Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo) como una herramienta para impulsar inversiones y generar trabajo. El programa contempla amplios beneficios para quienes desarrollen proyectos productivos: exenciones impositivas de hasta quince años, subsidios al empleo, financiamiento estatal, bonificación de tasas, entrega o venta de inmuebles fiscales y hasta la posibilidad de regularizar situaciones sobre tierras del Estado. Además, el régimen se plantea como complementario del RIGI y del Súper RIGI impulsados por el Gobierno nacional.
Aunque desde el discurso oficial se sostiene que el RIPEE alcanza también a emprendedores y pequeñas empresas, la lógica del programa reproduce el mismo esquema del RIGI nacional: concentrar los mayores incentivos en quienes cuentan con capacidad de realizar grandes inversiones. Mientras miles de pequeñas y medianas empresas enfrentan caída del consumo, dificultades para acceder al crédito y un mercado interno debilitado, el Estado ofrece importantes beneficios fiscales y patrimoniales para captar grandes capitales, incluso mediante la utilización de bienes públicos.
Las críticas que ya recibe el denominado Súper RIGI apuntan precisamente a ese modelo. Diversos sectores económicos advierten que los incentivos favorecen principalmente a grandes grupos empresarios, con escasos mecanismos que garanticen un impacto real sobre el entramado de pymes, el comercio local o el desarrollo de proveedores nacionales. El riesgo es profundizar una economía donde las ganancias y los dólares generados por grandes inversiones terminan concentrándose o saliendo del país, mientras las economías regionales y el mercado interno continúan perdiendo dinamismo.
La posibilidad de otorgar terrenos fiscales, subsidios, financiamiento preferencial, exenciones tributarias e incluso mecanismos para regularizar deudas empresariales reabre el debate sobre el rol del Estado. Mientras a millones de ciudadanos se les exige afrontar aumentos de tarifas, impuestos y pérdida del poder adquisitivo, los gobiernos parecen competir por ofrecer mayores ventajas a un reducido grupo de grandes inversores. Esa contradicción alimenta la percepción de que tanto el RIPEE provincial como el Súper RIGI nacional responden a un modelo de desarrollo que prioriza a los sectores de mayor poder económico por encima del fortalecimiento de las pymes, el comercio de cercanía y el mercado interno.
