Olguín rechazó el Plan Maestro de Energía
El Senado de San Luis otorgó este martes media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que aprueba el Plan Maestro de Energía 2026-2036. El Bloque de Senadores Justicialistas expresó su rechazo a través del senador Hugo “Pepe” Olguín, quien presentó un despacho de minoría cuestionando que una planificación estratégica para los próximos diez años sea convertida en ley sin establecer metas concretas, plazos, autoridad de aplicación ni mecanismos de control legislativo.
Desde el bloque aclararon que la posición no implica cuestionar la necesidad de contar con una política energética de largo plazo. Por el contrario, el despacho reconoce expresamente la importancia de la planificación y el valor técnico del trabajo realizado. El cuestionamiento apunta a que el proyecto remitido por el Ejecutivo contiene solamente tres artículos —uno de ellos de forma— y concentra prácticamente todo su contenido en un extenso anexo técnico.
“San Luis necesita un Plan Maestro de Energía. Lo que discutimos es qué estamos votando cuando lo convertimos en ley”, fue el criterio sostenido desde el bloque.
Uno de los principales cuestionamientos formulados por Olguín fue la ausencia de metas cuantificables. El proyecto no determina porcentajes de participación de energías renovables que deban alcanzarse, objetivos concretos de reducción de emisiones ni plazos obligatorios de cumplimiento.
Para el senador, esta omisión tiene una consecuencia institucional concreta: si no existen metas fijadas por ley, tampoco existen parámetros objetivos que permitan a la Legislatura controlar dentro de diez años qué se cumplió y qué no.
El despacho de minoría también marcó una diferencia con antecedentes de la propia provincia. El Plan Maestro del Agua aprobado en 2013 creó una Comisión Interministerial, estableció la obligación de elaborar un Plan Ejecutivo Anual e impuso que sus avances fueran informados periódicamente a la Legislatura. Del mismo modo, el Plan Maestro de Salud aprobado en 2014 determinó una autoridad de aplicación, programas por metas y mecanismos de monitoreo.
“Si San Luis estableció esos instrumentos de seguimiento para el agua y para la salud, no existe razón para que la energía tenga un estándar legislativo menor”, sostuvieron desde el bloque.
Otro de los puntos objetados fue que el propio anexo contempla facultades para avanzar en cuestiones relevantes, como la creación de un Mercado Provincial de Energía Eléctrica y regímenes de incentivos, pero sin establecer en el articulado bases, límites ni plazos precisos para su implementación.
El justicialismo también recordó que había presentado previamente el proyecto “Ecoenergía San Luis – Ley de Transición Energética Sustentable”, una iniciativa que propone metas, incentivos, instrumentos de financiamiento, comunidades energéticas y mecanismos institucionales para avanzar en la transición energética provincial, pero que aún no recibió tratamiento legislativo.
Por ese motivo, Olguín sostuvo que la discusión no debía plantearse entre tener o no tener planificación energética, sino sobre qué contenido debe tener una ley que pretende definir la política energética de San Luis durante la próxima década.
El despacho presentado por el Bloque Justicialista propuso rechazar el texto en las condiciones remitidas y solicitar al Poder Ejecutivo un articulado sustantivo que incorpore metas, autoridad de aplicación, instrumentos de financiamiento, plazos y mecanismos de rendición de cuentas ante la Legislatura.
Con el voto mayoritario del oficialismo, el proyecto obtuvo finalmente media sanción y continuará ahora su trámite legislativo.
La posición del justicialismo dejó planteada una discusión que excede el Plan Maestro de Energía: si una política pública proyectada para los próximos diez años debe limitarse a establecer una hoja de ruta o si, al convertirse en ley, debe fijar también obligaciones concretas que permitan medir su cumplimiento y controlar sus resultados.
