San Luis frente a una crisis que no puede dejarse en soledad

La provincia registró en 2025 la segunda tasa de suicidios más alta del país. Tres años consecutivos de aumento vuelven a poner en el centro de la escena la salud mental y la necesidad de construir una red de cuidado que articule al Estado con toda la comunidad.

Hay momentos en los que una sociedad necesita detenerse.

La muerte de un joven en Villa Lafinur volvió a conmocionar a San Luis y puso, una vez más, una pregunta dolorosa sobre la mesa: ¿qué estamos haciendo como comunidad frente al sufrimiento de nuestros adolescentes y jóvenes?

No alcanza con lamentar cada tragedia cuando ocurre. Tampoco parece suficiente depositar toda la responsabilidad en las familias o en las decisiones individuales de quienes atraviesan situaciones de enorme vulnerabilidad.

Los números obligan a mirar el problema de frente.

Según los datos del Sistema Nacional de Información Criminal y el Observatorio de Política Criminal citados por La Dosis Puntana, San Luis registró en 2025 una tasa de 18,9 suicidios cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del país, solamente detrás de Entre Ríos, con 20,8. El promedio nacional fue de 11,8.

Y no se trata de un dato aislado.

La tasa provincial pasó de 16,3 en 2023 a 17,5 en 2024 y 18,9 en 2025. Tres años consecutivos de aumento.

Detrás de cada número hay una persona. Una familia. Amigos. Compañeros de escuela o de trabajo. Un barrio. Una comunidad que queda preguntándose qué pudo haber hecho, qué señal no vio, qué conversación no llegó a producirse a tiempo.

Una crisis que no se resuelve solamente en un consultorio

El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. No existe una explicación única ni una respuesta sencilla.

Por eso, cuando hablamos de prevención, no podemos pensar únicamente en hospitales o profesionales de la salud mental —aunque su tarea resulte indispensable—. Hay que pensar también en la escuela, la familia, el club, el barrio, las organizaciones sociales, las iglesias, los sindicatos, las comisiones vecinales y todos aquellos espacios donde las personas construyen vínculos cotidianos.

En ese sentido, quizás haya llegado el momento de recuperar una idea que parece antigua pero conserva una enorme actualidad: la comunidad organizada.

No como una consigna partidaria. No como una estructura burocrática. Como una forma de entender que frente a determinados problemas colectivos nadie debería quedar solo.

Una red comunitaria de prevención podría significar algo tan elemental como saber dónde acudir, quién puede escuchar, cómo detectar señales de alarma, cómo acompañar a una familia y cómo acercar rápidamente a una persona a los profesionales que necesita.

Pero para que esa red exista hace falta organización. Y también hace falta conducción pública.

El Estado tiene una responsabilidad que no puede delegar

La participación comunitaria no debe utilizarse como sustituto de las obligaciones estatales.

Por el contrario: el Estado debe ayudar a organizar, coordinar y sostener esa red de cuidado.

El propio Gobierno provincial reconoció el deterioro de la infraestructura pública de salud mental. En febrero de este año, al adjudicar una obra de ampliación y refuncionalización del Hospital de Salud Mental, el gobernador Claudio Poggi pidió disculpas “en nombre del Estado por tantos años de abandono”.

La intervención contempla una inversión de unos $2.000 millones, nuevas camas de internación, consultorios de psicología y psiquiatría y un centro de control contra suicidios. El plazo previsto es de 360 días.

Es una obra necesaria.

Pero una obra, por importante que sea, no constituye por sí misma una política integral de salud mental.

La pregunta es qué ocurre mientras se construyen esos nuevos espacios y, sobre todo, qué sucede fuera del hospital.

Porque la crisis no espera a que termine una obra.

Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, durante 2025 el 911 recibió más de 900 llamadas vinculadas con situaciones límite de salud mental y durante el primer semestre se registraron 292 intentos de suicidio.

Son señales que deberían obligarnos a pensar en prevención antes que en reacción.

Nuestros adolescentes necesitan una sociedad presente

Hay algo especialmente doloroso en todo esto: la presencia de adolescentes y jóvenes entre quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

La discusión, entonces, no puede reducirse a estadísticas.

Hay que preguntarse qué espacios tienen nuestros jóvenes para hablar. Dónde pueden ser escuchados. Qué ocurre cuando una escuela detecta una situación preocupante. Qué herramientas tienen los docentes. Qué acompañamiento reciben las familias. Qué sucede en los clubes y en los barrios. Qué redes existen en las localidades más pequeñas y en el interior provincial.

Y también qué lugar ocupan las nuevas formas de sociabilidad, el aislamiento, las presiones sociales, los consumos problemáticos, las dificultades económicas y tantas otras dimensiones que pueden combinarse de maneras diferentes en cada historia.

No hay una causa única.

Tampoco puede haber una única respuesta.

Una convocatoria a la comunidad

La conmoción provocada por los últimos hechos también abrió una discusión sobre la necesidad de fortalecer las redes comunitarias de cuidado.

En ese sentido, el militante Daniel Sosa expresó su preocupación por la situación y planteó la necesidad de recuperar la idea de “comunidad organizada” como una herramienta para enfrentar colectivamente la crisis de salud mental.

“Toda la comunidad puntana está conmocionada. Tenemos tristeza. ¿Será que llegó el momento de que pensemos en construir la COMUNIDAD ORGANIZADA?”, se preguntó Sosa.

En su planteo, sostuvo que los adolescentes se encuentran particularmente expuestos y que “no alcanzan las salidas individuales”. Propuso que el Estado contribuya a organizar tareas barriales urgentes y avanzar en la creación de un voluntariado que pueda colaborar en la prevención y el acompañamiento.

También señaló la necesidad de que diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad participen de esa tarea: la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, las comisiones vecinales y los sindicatos, entre otras.

“Estamos a tiempo”, sostuvo Sosa, aunque remarcó que la participación comunitaria no debe significar dejar de lado la responsabilidad estatal: “No debemos dejar de lado la responsabilidad del Estado para que nos ayude a salir de este laberinto”.

La propuesta abre una discusión que excede las respuestas individuales. ¿Cómo construir redes comunitarias capaces de detectar situaciones de sufrimiento, acompañar a quienes atraviesan una crisis y acercarlos a los dispositivos profesionales adecuados?

La participación de la comunidad puede ser una herramienta de prevención, pero necesita articulación, capacitación y recursos. Y, fundamentalmente, no puede reemplazar la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a la atención en salud mental.

Estamos a tiempo

Una sociedad no puede acostumbrarse a estas cifras.

Tampoco debería acostumbrarse a que cada nueva muerte produzca unos días de conmoción para después volver al silencio.

Necesitamos hablar del tema con responsabilidad, sin morbo y sin reducir cada tragedia a una explicación individual.

Necesitamos hablar, pero también organizarnos.

Porque hablar permite preguntar. Preguntar permite escuchar. Escuchar puede permitir detectar. Y detectar a tiempo puede abrir una puerta hacia la ayuda.

San Luis está frente a un problema que ya no puede ser considerado marginal. La tasa registrada en 2025, los tres años consecutivos de aumento y las situaciones de intento de suicidio que llegan al sistema de salud obligan a construir una respuesta que vaya mucho más allá de la emergencia.

Quizás la pregunta que hoy debemos hacernos no sea solamente qué le pasa a cada persona que sufre.

También debemos preguntarnos:

¿qué nos está pasando como sociedad cuando tantas personas llegan a sentirse solas frente a un dolor que ya no pueden soportar?

Y, sobre todo:

¿somos capaces de organizarnos para que nadie tenga que atravesar ese laberinto en soledad?

Como planteó Daniel Sosa, “estamos a tiempo”.

Pero para estar a tiempo hay que empezar ahora.

Si necesitás ayuda

Si vos o alguien cercano está atravesando una situación de crisis o riesgo, es importante buscar acompañamiento profesional.

Centro de Asistencia al Suicida: 0800 345 1435

Desde todo el país.

El llamado es personal, confidencial y anónimo.

Ante una situación de emergencia inmediata, también puede recurrirse al 911.