Sin quórum y sin esperanza: el Congreso frena mejoras para jubilados
Diputados no logró debatir los proyectos previsionales. La moratoria sigue en suspenso y el bono permanece congelado. Crecen los reclamos judiciales.
La Cámara de Diputados de la Nación volvió a cerrar sus puertas a uno de los sectores más postergados: los jubilados. Este miércoles, no se alcanzó el quórum necesario para tratar una serie de proyectos que buscaban mejorar la situación previsional, como la prórroga de la moratoria, un aumento del 7,2% en los haberes, la creación de un sistema proporcional por años aportados y la actualización del bono previsional a 115 mil pesos, que actualmente sigue congelado en 70 mil pesos.
“La falta de decisiones concretas deja a millones de personas en la incertidumbre”, advirtió la abogada previsionalista María Silvia Rapisarda, quien además recordó que el presidente Javier Milei anticipó que vetará cualquier iniciativa que implique un aumento del gasto previsional.
Moratoria paralizada y la PUAM como única vía
La situación es crítica para quienes no reúnen los 30 años de aportes exigidos. “Si no se amplía la moratoria, la única opción es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que paga apenas el 80% de la jubilación mínima y no permite seguir trabajando en blanco”, explicó Rapisarda.
El camino judicial como única alternativa
Ante el desinterés del Ejecutivo y el Congreso, la vía judicial aparece como la única herramienta para lograr recomposiciones. “Hoy el Estado no reconoce de forma directa los derechos de los jubilados, solo actúa cuando la Justicia lo obliga”, señaló la abogada. De hecho, fallos recientes estiman que los haberes perdieron entre un 35% y un 50,3% por inflación entre 2021 y 2024.
Fallos a favor, pero con acceso limitado
Casos como Rainone de Rufo, que llegó hasta la Corte Suprema, determinaron que todos los conceptos deben computarse al momento de jubilarse, ya sea por el régimen de capitalización o por el sistema de reparto. Sin embargo, ANSES no lo aplica automáticamente: solo quienes reclaman judicialmente acceden a esa mejora.
Una política de costo-beneficio
Para Rapisarda, el Gobierno aplica una política de costo-beneficio: “Mientras menos jubilados reclamen, menos paga el Estado. Si todos iniciaran acciones judiciales, se equilibraría esa relación y habría más posibilidades de un reajuste generalizado”, argumentó.
Haberes mal calculados y desinformación
La especialista advierte que muchas personas desconocen lo que realmente deberían cobrar. “Hay jubilados que reciben 800 mil pesos y creen que está bien, pero tal vez les corresponde 1,8 millones. Lo mismo ocurre con quienes cobran 350 mil. Hay una aceptación social de haberes bajos, por desinformación”, alertó.
Asesoramiento gratuito y revisión de haberes
Quienes deseen revisar su haber pueden comunicarse con la Dra. María Silvia Rapisarda para obtener un análisis personalizado. El contacto es:
📍 Dirección: Bolívar 1446, ciudad de San Luis
📧 Correo: ra************@***il.com
📱 WhatsApp: 2664 438232
