Apelan la fianza de $30 millones impuesta a una familia por gastar una millonaria transferencia errónea del Gobierno
La defensa sostiene que no hubo estafa ni maniobras fraudulentas. El caso está bajo revisión judicial y se convocó a audiencia para el 3 de junio.
El abogado Hernán Echeverría apeló ante el Tribunal de Impugnaciones la fianza de 30 millones de pesos que la Justicia provincial impuso a seis integrantes de una familia, imputados por haber utilizado parte de una transferencia millonaria que el Gobierno provincial realizó por error.
La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantía a pedido de la Fiscalía, en el marco de una causa que investiga el uso indebido de fondos públicos. La audiencia clave para definir la apelación fue programada para el 3 de junio.
La historia: una transferencia inesperada y millonaria
Según relató Echeverría, la principal acusada, Verónica Acosta, se vio sorprendida al descubrir una suma millonaria acreditada en su cuenta bancaria. La mujer utilizó 44 millones de pesos antes de que su cuenta fuera bloqueada, e hizo transferencias a cinco familiares, quienes también están imputados.
“Se trató de una situación excepcional. Usaron parte del dinero para comprar productos de primera necesidad, sin saber el origen del depósito”, argumentó el defensor. La causa se originó por una denuncia de la Fiscalía de Estado, luego de que el Gobierno advirtiera el error.
Durante los procedimientos, la Justicia allanó el domicilio de Acosta e incautó diversos bienes adquiridos con los fondos.
La defensa niega que haya habido estafa
Echeverría cuestionó la calificación legal de “estafa” atribuida a sus defendidos y remarcó que no existió engaño ni ardid.
“Si hubiese sido una estafa, como dice la acusación, hubiesen vaciado la cuenta y comprado criptomonedas o fugado el dinero. Pero no falsificaron documentación ni realizaron maniobras fraudulentas”, explicó.
Además, aseguró que todos los imputados están a disposición de la Justicia y solicitaron abrir una instancia de mediación extrajudicial para buscar una posible solución.
El debate judicial: ¿error administrativo o delito penal?
El caso genera debate en el ámbito jurídico sobre hasta qué punto una persona que recibe dinero por error está obligada a devolverlo y en qué circunstancias puede considerarse un delito su uso.
Desde la defensa insisten en que no hubo intención delictiva, mientras que la Fiscalía sostiene que los acusados se enriquecieron indebidamente y que los fondos utilizados pertenecen al Estado.
El fallo del Tribunal de Impugnaciones sobre la apelación será clave para definir el rumbo de la causa.
