La CGT impugna a los jueces que avalaron la Reforma Laboral, denuncia un «premio» del Gobierno y solicita la nulidad de la resolución.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha presentado un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo solicitando la recusación de dos integrantes de la Sala VIII, quienes tomaron una decisión crucial que invalidó una medida cautelar de la central sindical, que habían puesto en vigencia para frenar la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno. En este contexto, el escrito acusa un presunto “intercambio de favores” entre el Poder Ejecutivo y los magistrados.
El conflicto se originó el pasado jueves, cuando la Sala VIII resolvió modificar una decisión del juez Raúl Ojeda, aprobando un efecto suspensivo al recurso de apelación del Estado Nacional, lo que permitió que la Reforma Laboral comenzara a aplicarse nuevamente. La CGT argumenta que los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González actuaron sin competencia y con una “manifiesta parcialidad” en su fallo.
Un punto crítico del escrito se centra en el juez Víctor Arturo Pesino, a quien la CGT acusa de estar en una situación de “interés” bajo el artículo 17, inciso 8 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tras haber recibido “un beneficio de importancia por el Estado Nacional”. Se menciona que un magistrado se había excusado de una causa por tener “un sentimiento de profunda gratitud hacia una de las partes”.
Una publicación del Boletín Oficial del 24 de abril, apenas un día después de la resolución, reveló que el Ministerio de Justicia había aceptado la solicitud de Pesino para continuar en su cargo más allá de los 75 años, lo que genera inquietudes sobre la imparcialidad judicial. La presentación de la CGT sostiene que esta situación deteriora la imagen de la justicia laboral en el país.
Medios locales han cubierto esta situación, y en el escrito se citan notas de prestigiosos diarios, que destacan la rapidez con la que el Gobierno impulsó el trámite de Pesino tras su votación favorable, reforzando así las sospechas de vínculos indebidos. La diputada Myriam Bregman (FIT) fue mencionada por señalar en redes sociales la existencia de una “sospecha de corrupción descarada”.
Además de la recusación contra Pesino, la CGT también solicita la separación de la vocal María Dora González y del propio Pesino por prejuzgamiento, señalando que los magistrados determinaron erróneamente que no se encontraban en riesgo sectores socialmente vulnerables, contradiciendo su propio criterio en casos previos.
El escrito culmina con una reflexión sobre la desazón que provoca que “jueces con especial versación laboral” consideren que quienes trabajan en relación de dependencia no son socialmente vulnerables. La CGT recalca que los derechos laborales son de “naturaleza alimentaria” y que debió considerarse la excepción prevista en la ley de medidas cautelares contra el Estado.
Otro aspecto relevante del planteo es la nulidad absoluta de la resolución por falta de jurisdicción, ya que argumenta que, según el principio de prevención, la causa debía ser resuelta por la Sala I, no por la Sala VIII. La CGT sostiene que la Sala VIII actuó con “premura” y sin darle traslado de la queja al Estado Nacional, lo que vulneró el derecho de defensa.
El gremio solicita ahora que las actuaciones sean enviadas a la Sala I para que resuelva la nulidad, y como medida alterna, interpone un recurso de reposición para dejar sin efecto el fallo. La CGT advierte que la implementación de la ley 27.802 (de Reforma Laboral) podría causar un daño irreversible al cercenar derechos protegidos constitucionalmente, tales como la irrenunciabilidad de derechos, montos indemnizatorios y el derecho de huelga.
Finalmente, la CGT enfatiza su intención de llevar este asunto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ha decidido recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para continuar su lucha en defensa de los derechos laborales.
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