Con la firma de Manuel Adorni, Toto Caputo y Milei y la anuencia de todo el gabinete nacional ayer 11/5/2025 se oficializó el decreto 20/2026. Bajo la premisa del equilibrio fiscal absoluto plantea un cruento ajuste que golpea a los sectores mas sencibles de nuestra csociedad y transforma derechos fundamentales en simples variables de ajuste. Al desglosar los 3 billones de pesos recortados, queda claro que el impacto más severo no recae en la burocracia ni en la casta sino en los enfermos, el los estudiantes y el desarrollo regional.
La desolación en las aulas y laboratorios
El recorte de más de $5.000 millones en infraestructura para universidades nacionales es una parálisis del ascenso social. Al eliminar el Fondo de Compensación Salarial Docente y ajustar el Plan Nacional de Alfabetización, el Estado no está «ahorrando», está dinamitando el puente hacia la competitividad económica. Un país sin ciencia propia y con una educación pública desfinanciada está condenado a ser un simple exportador de materias primas.
Salud: El riesgo de la desprotección estatal
Resulta especialmente alarmante el tijeretazo en programas críticos de salud. Reducir el presupuesto en prevención del cáncer, VIH y salud sexual es una decisión que roza la negligencia humanitaria. Cuando se retira el apoyo al Instituto Malbrán o al INCUCAI, se debilita la red de seguridad que protege a los argentinos más vulnerables en sus momentos de mayor fragilidad.
La traición federal: El caso de San Luis
Quizás el punto más cínico de este decreto sea el recorte masivo en obra pública, que afecta incluso a aquellas provincias cuyos gobernadores decidieron acompañar y confiar en las promesas de este gobierno. El ajuste no distingue entre aliados y opositores: en San Luis, obras estratégicas que habían sido prometidas y ratificadas en negociaciones políticas hoy quedan reducidas a escombros presupuestarios.
Este recorte de más de $970.000 millones en infraestructura federal —que incluye acueductos, cloacas y rutas— deja al descubierto la fragilidad de los acuerdos políticos. Los gobernadores que hoy apoyan esta gestión «cruel» se encuentran con que el costo de su lealtad es el abandono de sus propios ciudadanos, quienes verán cómo se frenan proyectos hídricos y viales esenciales para la vida diaria. Todo esto sumado a la merma de la coparticipación que hace aún más complicado el panorama.
