Investigaciones e informes especiales

La Argentina que recibe al Papa: un informe de CEPA sobre trabajo, ingresos y protección social

Entre el 8 y el 11 de noviembre, León XIV visita la Argentina, algo que no ocurría desde la visita de Juan Pablo II en 1987. Con ese motivo, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe que compara la situación actual con la de noviembre de 2023, último mes previo a la asunción de Javier Milei, y lo pone en manos del Pontífice. El texto se apoya en la tradición social de la Iglesia: cita a Francisco (“una Iglesia pobre para los pobres”) y la exhortación Dilexi te de León XIV, que reclama una opción “firme y radical” por los más débiles. Las fuentes son la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el INDEC, la ANSES, el BCRA y el sistema e-Sidif.

Trabajo: entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 32.290 empleadores y 437.611 puestos registrados en unidades productivas. La informalidad alcanzó el 45,0% en el IIT26. La desocupación: 7,9%.

Trabajo. Según la SRT, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 los empleadores registrados pasaron de 512.357 a 480.067: 32.290 empresas menos. Los trabajadores registrados en unidades productivas bajaron de 9.857.173 a 9.419.562, una pérdida de 437.611 puestos. Si se suman las trabajadoras de casas particulares (que cayeron de 629.660 a 601.460), el empleo privado registrado perdió 465.811 personas, unas 480 por día. Los sectores más golpeados en puestos son la industria (-108.000), la construcción (-81.089) y el transporte (-72.737). En contraste, crecen el agro (+22.334) y la salud (+13.906). La informalidad llegó al 45,0% en el segundo trimestre de 2026 y la desocupación al 7,9%, con picos del 11,5% en el Gran Rosario y del 17,1% entre las mujeres de 14 a 29 años.

Ingresos. Los salarios registrados, públicos y privados, están 7,0% por debajo de noviembre de 2023. La caída es de 15,3% en el sector público y de 35,7% en la Administración Pública Nacional; los privados registrados, en cambio, están apenas 2,3% abajo tras una recuperación reciente. En jubilaciones, el bono sigue congelado en $70.000 desde marzo de 2024; actualizado como los haberes, sería de $226.875, es decir $156.875 más por mes. Entre agosto y octubre de 2026, la jubilación mínima con bono está 19,2% por debajo del cuarto trimestre de 2023.

Ingresos: los salarios registrados, públicos y privados, están 7,0% por debajo de noviembre de 2023. Las jubilaciones mínimas con bono, 19,2% por debajo del último trimestre de 2023. El bono permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. La morosidad llegó al 12,8%.

Endeudamiento. El informe lo presenta como la dimensión menos visible de la crisis: en agosto de 2026 la irregularidad del crédito bancario a familias llegó al 12,8%, un nivel sin precedentes desde 2001, y la morosidad con acreedores no financieros (tarjetas de comercios y similares) alcanzó un estimado de 34,2%, récord histórico que supera el 27,1% de la pandemia.

Protección social. Comparando la ejecución presupuestaria real de septiembre de 2026 con septiembre de 2023, CEPA registra caídas en prácticamente todas las áreas: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (-75%), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (-34%), las pensiones no contributivas (-24%), la Secretaría Nacional de Discapacidad (-27%) y el Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte (-53%). Hay programas sanitarios de atención en el territorio y de prevención de enfermedades crónicas sin ejecución alguna. En educación, las becas estudiantiles cayeron 85% y Conectar Igualdad, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles no registran ejecución. En ciencia, la Agencia I+D+i cae 90% y el CONICET 36%; en cultura, el Instituto Nacional del Teatro 60% y la Biblioteca Nacional 54%; en obra pública, la Dirección Nacional de Vialidad 81,5%. Hay excepciones: las Asignaciones Familiares crecen 13% y el INCUCAI 58%.

Protección social (ejecución real a septiembre de 2026 respecto de septiembre de 2023): el presupuesto de la Secretaría Nacional de Niñez y Familia cayó 75%, la PUAM cayó 34% y las pensiones no contributivas, 24% y el área de Discapacidad, -27%.

Conclusiones. CEPA sostiene que el deterioro es simultáneo en las tres dimensiones de una vida digna: el trabajo, los ingresos y la protección social. Pide que quienes hoy están más expuestos (jubilados de la mínima, trabajadores informales y desocupados, mujeres y jóvenes, niñas y niños, personas con discapacidad y pueblos indígenas) ocupen el centro de la deliberación democrática, y cierra recordando que “la justicia social no es una concesión sino una deuda”.

Nota de la redacción: el informe completo de CEPA, con todos los cuadros, gráficos y notas metodológicas, queda disponible aquí para su consulta.

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