El caso del que habla el país: una millonaria involuntaria y el silencio oficial
Una transferencia por error expuso al Gobierno provincial al ridículo nacional. Mientras imputan a una mujer humilde por gastar parte del dinero, nadie da explicaciones sobre el origen de los fondos.
El caso que hace veinte días publicó El Diario de la República se convirtió en un escándalo nacional: Verónica Acosta, una mujer de bajos recursos, recibió por error más de 500 millones de pesos en su cuenta, habilitada para cobrar una cuota alimentaria de apenas 8 mil pesos mensuales. Parte de esa cifra fue rápidamente gastada. La otra, bloqueada y recuperada por el Gobierno. Pero lo más grave, dicen algunos investigadores, es lo que no se investiga.
¿Un error o algo más?
El dinero fue transferido el 6 de mayo, apenas una semana antes de las elecciones provinciales. La explicación oficial sostiene que se trató de un error. Sin embargo, algunos especialistas creen que el monto no fue un descuido, sino que la equivocación podría haber estado solo en el número de cuenta. Lo que plantea una incómoda posibilidad: alguien tenía que recibir ese dinero, y no era Verónica Acosta.
La mujer que creyó en un “milagro”
Cuando vio los millones acreditados, Acosta pensó que era “un regalo de Dios”. Y actuó en consecuencia: gastó entre 18 y 20 millones de pesos en electrodomésticos, alimentos, una moto y un auto, según confirmó su abogado, Hernán Echevarría. También transferencias a billeteras virtuales de familiares, por otros 20 millones. La Justicia logró recuperar más de 480 millones.
La Justicia, con un solo ojo
La causa judicial avanza por un solo carril: la imputación de Acosta y otras cinco mujeres, algunas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Pero nadie ha sido investigado dentro del Ministerio de Hacienda, donde se originó la transferencia. No hay sanciones, ni sumarios internos, ni explicaciones públicas. Solo silencio.
Una apelación salvó a las mujeres de la detención, entre ellas, una abuela y una madre de una niña con discapacidad. Pero el proceso sigue.
¿Quién movió los millones?
En lugar de investigar quién o quiénes autorizaron una transferencia millonaria en plena campaña electoral, el hilo se cortó por lo más delgado. La pregunta que resuena es: ¿quién debía recibir ese dinero realmente? El silencio de las autoridades aumenta las sospechas y la indignación pública.
Mientras tanto, el Gobierno provincial es objeto de burlas a nivel nacional, y en San Luis crece el malestar por una Justicia que mira para un solo lado.
