La reforma de la Constitución debe ser de todos y para todos

Debemos lograr instituciones ágiles, íntegras y participativas que garanticen los derechos sociales, especialmente de las minorías, aseguren la libertad ciudadana en el marco de la igualdad ante la ley, faciliten y transparenten el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, promuevan la participación ciudadana y asuman los desafíos tecnológicos del siglo XXI para el desarrollo de San Luis con igualdad de oportunidades.

I. UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

San Luis se encuentra ante un momento institucional trascendente. La reforma constitucional no es un debate menor: implica definir ¿cómo se organiza el poder?, ¿cómo se garantizan los derechos? y ¿cómo se construye el desarrollo en las próximas décadas?. Desde el Radicalismo debemos asumir este desafío con responsabilidad política, vocación de diálogo y visión de largo plazo.

II. LA CONSTITUCIÓN COMO PACTO POLÍTICO Y SOCIAL

La tradición constitucional argentina, desde su Preámbulo, nos recuerda que el orden institucional se construye sobre la base de pactos preexistentes. Por ello, no hay reforma constitucional legítima sin consenso político previo. La Constitución no puede ser la expresión de una mayoría circunstancial, sino el resultado de un amplio y duradero acuerdo de toda la comunidad política y social de San Luis.

III. MEMORIA INSTITUCIONAL

La Provincia cuenta con antecedentes valiosos. Los debates de la Convención Constituyente de 1986–1987, en la que tuve el honor de participar representando a la UCR con 26 años, fue un ejemplo de debate democrático. Su resultado fue una Constitución que, con sus aciertos y limitaciones, se posicionó entre las más modernas de su tiempo. Sus casi 40 años de vigencia reflejan que los acuerdos previos, junto con la participación y la legitimación popular, le otorgaron estabilidad institucional hasta la actualidad. Asimismo, el proceso de revisión institucional participativo de 2008 que mediante la incorporación del mecanismo de audiencias públicas con amplia representación social, académica, profesional, empresarial y gremial. Ambos procesos nos enseñan que las reformas sólidas nacen del diálogo, la participación y el consenso.

IV. AUTONOMÍA MUNICIPAL

La autonomía municipal es la garantía de un federalismo intraprovincial que de igualdad de oportunidades a todos los Sanluiseños, vivan donde vivan, por lo que debe ser reafirmada en sus dimensiones: política, administrativa y económico-financiera, e institucional cuando corresponda. En relación con la garantía de recursos suficientes para el cumplimiento de sus competencias, propongo incorporar un piso mínimo del catorce por ciento (14%) del total de los recursos provinciales coparticipables destinados a los municipios. Sin la dimensión económica-financiera asegurada, la autonomía municipal se convierte en una ficción jurídica.

V. REPÚBLICA Y LEGITIMIDAD

El poder público de la representación tiene una sola fuente de legitimidad que es el voto popular, por lo que la periodicidad de los mandatos es esencial. No deben existir prórrogas sin validación popular.

VI. EQUILIBRIO DE PODERES

La gobernabilidad debe construirse con equilibrio institucional en el marco de una Democracia Deliberativa y Participativa. No debe haber concentración de poder, sino un sistema que garantice continuidad institucional, control de integridad, pluralismo político y calidad democrática.

VII. SISTEMA DE CONTROL

Es necesario modernizar el sistema de control para garantizar la integridad de la gestión pública por lo que propongo, en reemplazo del Tribunal de Cuentas, la creación de una Sindicatura General (control interno) y una Auditoría General autónoma (control externo), con participación equilibrada y con representación mayoritaria de la oposición.

VIII. INSTITUCIONES PARA EL SIGLO XXI

La nueva Constitución debe incorporar los institutos que garanticen: transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y adaptación a los desafíos tecnológicos.

IX. CONVOCATORIA

Propongo que la UCR San Luis asuma el rol de convocante al dialogo con: todas las fuerzas políticas, colegios profesionales, organizaciones gremiales y sociales, junto con organizaciones de la sociedad civil, para construir una reforma basada en el diálogo amplio, plural y respetuoso. Este proceso debe permitir alcanzar el mayor consenso democrático posible, que luego deberá ser legitimado mediante la elección de Convencionales Constituyentes que debería realizarse en una elección exclusiva a ese fin, para alejarla de cualquier sospecha de interés coyuntural.

Son tiempos de dejar de lado diferencias personales, en favor de fortalecer las instituciones y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible con igualdad de oportunidades para las generaciones futuras de puntanas y puntanos.

¡¡Sanluiseños a las Cosas¡¡