San Luis: Principios y Valores sienta postura sobre la reforma constitucional

Principios y valores de la provincia de San Luis en la figura del Doctor Fernando Pastor manifestó su postura respecto a la reforma constitucional propuesta por el gobierno de la provincia de San Luis.

Mirada desde PyV sobre el proyecto impulsado desde el ejecutivo de reforma
de la constitución
El proyecto, presentado recientemente por el gobernador Claudio Poggi, declara la
necesidad de reforma parcial de la Constitución Provincial de 1987 (conforme al
artículo 281).

Su eje central es la despersonalización del poder y el fortalecimiento
de las instituciones mediante la autolimitación del Poder Ejecutivo.
Puntos principales que propone reformar:

• Límite estricto de mandatos para el Gobernador: Modificación del artículo 147
  para establecer “dos períodos y fuera”, con prohibición absoluta de reelección (ni
  consecutiva ni alternada/mediata). Incluye una cláusula transitoria que computa
  el mandato actual (2023-2027) como el primer período, por lo que el gobernador
  en ejercicio quedaría habilitado para un segundo mandato (2027-2031), pero no
  podría volver después.
• Fundamenta la reforma en la transición del “gobierno de los hombres” (voluntad
  del líder) al “gobierno de las instituciones”. Cita la historia constitucional de San
  Luis (desde 1855), la reforma de 1987 (que introdujo bicameralismo y autonomía
  municipal), fallos de la Corte Suprema de la Nación y de la Corte Interamericana
  de Derechos Humanos contra la reelección indefinida, y argumentos clásicos
  republicanos (Aristóteles, alternancia, pluralismo, frenos y contrapesos).
• Bajo un proceso convencional: primero la Legislatura declara la necesidad,
  luego se elige una Convención Constituyente que solo podrá tocar los temas
  autorizados (principalmente el límite al Ejecutivo).
  En síntesis, es una reforma focalizada y acotada, no una refundación total de la
  Constitución, pero con alto simbolismo: busca consolidar rotación de poder y
  evitar perpetuación en el cargo.
  Desde el análisis crítico institucional surgido desde PyV San Luis.
  Beneficios institucionales:
• Fortalecimiento de la alternancia y el pluralismo: San Luis tiene una tradición de
  fuerte liderazgo ejecutivo (como la mayoría de las provincias argentinas). Imponer
  un límite claro reduce el riesgo de personalización excesiva del poder y facilita la
  renovación de cuadros políticos. Esto puede oxigenar la dirigencia, fomentar
  competencia interna en los partidos y dar oportunidades reales a nuevas
  generaciones o sectores opositores.
• Refuerzo de los frenos y contrapesos: Al limitar la permanencia indefinida, se
  reduce la concentración de poder en el Ejecutivo, lo que —“en teoría”— fortalece
  el rol de la Legislatura (bicameral desde 1987), los organismos de control y el
  Poder Judicial provincial. Mejora la percepción de legitimidad democrática y
  reduce asimetrías de recursos estatales en campañas.
• Alineación con estándares republicanos y regionales: Coincide con tendencias
  en varios países de América Latina y con jurisprudencia internacional que ve la
  reelección indefinida como riesgo para la democracia representativa. Proyecta
  una imagen de madurez institucional para la provincia.
• Legitimidad del proceso: Se presenta como “con las cartas sobre la mesa”, sin
  sorpresas ni reformas ocultas, lo que puede generar mayor aceptación ciudadana
  si se debate abiertamente.
  Ahora bien mirando un poco más profundamente (rascando la superficie) cuáles
  son los riesgos institucionales:
• Posible debilitamiento del Ejecutivo en un contexto de crisis: San Luis enfrenta
  desafíos fiscales importantes (caída de coparticipación, ajuste nacional, etc.). Un
  gobernador con experiencia y continuidad puede ser clave para implementar
  reformas estructurales a mediano plazo. Limitar mandatos puede generar
  cortoplacismo: los gobernadores tenderán a priorizar obras o medidas visibles en
  8 años máximo, postergando proyectos de más largo aliento (infraestructura,
  reforma administrativa profunda, atracción de inversiones).
• Inestabilidad y fragmentación política: La alternancia forzada puede aumentar la
  volatilidad. Sin un líder consolidado, los gobiernos sucesivos podrían deshacer
  políticas anteriores (efecto “yo lo desarmo”), lo que afecta la predictibilidad
  institucional. En una provincia de tamaño medio y con fuerte tradición de liderazgo
  personalista, esto podría generar luchas internas más intensas por la sucesión y
  debilitar la capacidad de negociación con Nación o municipios.
• Cláusula conveniente: El cómputo del mandato actual como “primero” permite
  a Poggi competir por la reelección en 2027. Desde una mirada crítica, esto puede
  interpretarse como una reforma “a medida”: se limita el futuro, pero se asegura un
  período más de continuidad propia. Reduce la credibilidad del argumento “no es
  contra nadie, es por las instituciones”. Si la oposición lo percibe así, puede
  polarizar el debate y erosionar la legitimidad del proceso constituyente.
• Alcance limitado: La reforma se concentra casi exclusivamente en el límite al
  Gobernador. No aborda otros nudos institucionales crónicos de San Luis: calidad
  del federalismo municipal real, eficiencia del bicameralismo (que a veces genera
  parálisis o duplicación de costos), fortalecimiento real de controles (Auditoría,
  Fiscalía de Estado, etc.), o mecanismos de democracia semidirecta más robustos.
  Queda la sensación de que se ataca un síntoma (la reelección) sin tocar causas
  estructurales más profundas de concentración de poder (manejo de recursos,
  clientelismo, etc.).
• Riesgo de judicialización y conflicto político: Toda reforma constitucional genera
  tensiones. Si no hay acuerdo amplio, podría derivar en litigios o en una
  Convención Constituyente muy polarizada, lo que distrae energía institucional en
  un momento económico delicado.
  Analizando la política provincial actual : El proyecto tiene un valor simbólico e
  institucional positivo al impulsar la alternancia y la autolimitación del poder.
  Puede mejorar la calidad democrática y la rotación de élites a largo plazo. Sin
  embargo, su diseño puntual y la cláusula transitoria le restan neutralidad y lo
  hacen vulnerable a la crítica de oportunismo político.
  Institucionalmente, beneficia la salud republicana y la prevención de
  autoritarismos blandos, pero perjudica potencialmente la gobernabilidad y
  continuidad de políticas en un contexto de restricciones fiscales y necesidad de
  reformas estructurales. El éxito dependerá de cómo se gestione el debate en la
  Legislatura y en la futura Convención: si es inclusivo y técnico, ganará legitimidad;
  si se percibe como maniobra sucesoria, generará más ruido que progreso
  institucional.
  En un escenario en donde se cuestiona la mera administración de recursos
  provenientes del estado nacional (coparticipación) la cual ha disminuido en un 12
  % interanual en relación al 2025, la baja de recaudación fiscal provincial por la
  pérdida de empleo formal ponen en vilo la economía provincial, por otro lado los
  matices éticos graves desprendida de acciones de funcionarios clave en áreas
  sensibles hacen que estas propuestas descontemporicen con las urgencias
  sociales y políticas que rediseñen este sistema especulativo por uno productivo
  que mejore la dignidad y la vida de los Puntanos.
  Dr Fernando Pastor