La universidad pública no es el problema: el problema es el modelo de país del psyco que tiene como fin la arancelización universal

Cada vez que el Gobierno del psyco necesita justificar un nuevo ajuste, construye un enemigo. Primero fueron los jubilados, luego los trabajadores estatales, los científicos, los médicos y ahora los estudiantes extranjeros en las universidades nacionales. La lógica es siempre la misma: instalar que existen sectores privilegiados que viven del esfuerzo de los argentinos para legitimar el recorte del Estado.

La reciente polémica sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en la Facultad de Medicina de la UBA es un ejemplo de esa estrategia. El Gobierno difundió cifras que luego fueron cuestionadas por la propia universidad, que sostuvo que esos datos no reflejan la realidad de su matrícula. Más allá del porcentaje exacto, lo preocupante es utilizar información controvertida para instalar la idea de que la universidad pública constituye un problema.

Pero el verdadero objetivo no parece ser discutir estadísticas. El objetivo es desacreditar una institución que representa uno de los mayores logros de la Argentina: una educación superior pública, gratuita y de excelencia, que permitió a millones de hijos de trabajadores convertirse en profesionales y ascender socialmente gracias al esfuerzo y a la igualdad de oportunidades para nativos y extranjeros que en muchos casos se radicaron definitivamente en nuestro país.

El ataque a la universidad no es un hecho aislado. Forma parte de un modelo económico que también impulsa la precarización laboral. Mientras disminuye el empleo registrado, crecen el monotributo forzado, el trabajo en plataformas digitales y los falsos «emprendedores», que trabajan sin estabilidad, sin derechos y sin protección social. La supuesta libertad termina siendo, para muchos, la libertad de arreglarse solos frente a un mercado cada vez más desigual.

Al mismo tiempo, miles de jóvenes y familias se endeudan para afrontar gastos cotidianos y que ya está causando resultados horribles. Ya no se toma crédito para crecer o invertir; se toma deuda para comer, alquilar o comprar medicamentos. Cuando el salario deja de alcanzar y el crédito reemplaza al trabajo como sostén de la vida cotidiana, el problema no es individual: es el resultado de un modelo económico.

El peronismo siempre sostuvo una idea muy distinta de país. Juan Domingo Perón enseñó que la verdadera democracia es aquella donde el Gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo. También afirmó que mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Esos principios se traducen en políticas concretas: trabajo digno, justicia social, producción nacional, educación pública y un Estado presente que garantice igualdad de oportunidades.

La universidad pública encarna esos valores. No es un gasto; es una inversión estratégica. No es un privilegio; es una herramienta de movilidad social. No es un obstáculo para el desarrollo; es una condición para construir una Nación soberana.

Resulta cuanto menos paradójico que varias de las principales autoridades del Gobierno nacional —como los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y Luis Petri, formados en universidades públicas y gratuitas argentinas como la UBA, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Litoral— hoy impulsen o respalden políticas que debilitan el sistema universitario estatal. Se subieron al árbol gracias al esfuerzo de generaciones de argentinos que sostuvieron con sus impuestos una universidad pública, gratuita y de excelencia; ahora, desde el poder, patean la escalera para que miles de jóvenes no tengan las mismas oportunidades.